La Junta de Castilla y León y el Colegio de Psicólogos de Castilla y León han actualizado los protocolos de atención psicológica al 'Objetivo Violencia Cero', lo que permitirá su ampliación a los menores de edad víctimas de maltrato y el tiempo dedicado a familiares así como la derivación de hombres al programa 'Fénix'.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, junto al presidente del Colegio, Eduardo Montes, y el vicedecano Vicente Martín han ofrecido una rueda de prensa en la que han detallado los cambios de esta adaptación y los principales resultados obtenidos.

La Junta y el Colegio han actualizado los protocolos al modelo 'Objetivo Violencia Cero' -cuyas directrices se aprobaron en septiembre de 2015-, tanto el protocolo de derivación de maltratadores al 'Programa Fénix' como el protocolo de derivación de mujeres víctimas de violencia de género, menores y otras personas a su cargo.

A través de estos protocolos se prestará apoyo psicológico a las mujeres víctimas de violencia de género, incluidas las jóvenes menores de edad que han sufrido violencia de género por parte de su propia pareja o expareja; los hijos menores de edad a cargo de las mujeres víctimas; personas dependientes de la mujer; hombres que ejercen la violencia por motivos de género y, en los casos de asesinato de una mujer víctima de violencia de género, a sus ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas sin límite de tiempo.

En esta actualización de protocolos destacan también algunas novedades importantes, entre ellas la implantación de la figura del coordinador de caso, que permite una derivación directa a un tratamiento psicológico en caso de que se considere necesario.

Además, se establece la derivación al programa de las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género, desde servicios sociales o cuando se finalicen los procedimientos de derivación con educación y sanidad.

Al mismo tiempo, se contempla la intervención psicológica con los ascendientes, descendientes, hermanos de las mujeres asesinadas por violencia de género, para quienes el apoyo psicológico es ilimitado, tanto en el tiempo como en el número de sesiones necesarias para su recuperación.

Junto a esto se hará una actuación proactiva para derivar a los hombres que ejercen violencia de género al 'Programa Fénix', en el que se presta atención psicológica a los agresores, que en caso de no tener patologías asociadas -adicciones a alcohol o drogas, otros trastornos psicológicos- se recuperan en un 60 o 70 por ciento, según han explicado el presidente y el vicedecano del Colegio.

Precisamente Vicente Martín ha señalado que ellos no tienen reconocimiento de recaída alguna ni denuncias sobre alguno de los que se han sometido a tratamiento en este programa.

Con carácter voluntario y con el único requisito de residir en Castilla y León, un hombre que ejerce o ha ejercido la violencia de género puede ser derivado directamente al 'Programa Fénix', desde cualquier profesional de los servicios sociales bien de las corporaciones locales o desde las gerencias territoriales de servicios sociales.

BALANCE

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que la Junta y el Colegio mantienen activo este convenio desde hace doce años y hay 54 psicólogos para atención en toda la Comunidad, los cuales llegan a "todos los rincones" de Castilla y León, "cosa no fácil", ha agregado el presidente del Colegio.

Alicia García ha hecho balance de la atención psicológica, que contó con 977 personas atendidas en 2016, un 2,4 por ciento respecto a 2015.

Este ligero incremento en el número de personas atendidas se produjo en todos los grupos de destinatarios: mujeres (se pasó de 692 a 706), menores (de 205 a 206), familiares de las víctimas (de dos a ocho) y hombres maltratadores (de 55 a 57). El número total de sesiones fue también superior en los cuatro grupos, un 5,4 por ciento más (pasaron de 5.769 a 6.144).

Los datos disponibles de este año, los correspondientes al primer trimestre de 2017, señalan que en los tres primeros meses de este año se atendió a 284 mujeres, 93 menores, cinco familiares y 29 hombres, lo que suponen 411 personas atendidas en tres meses a través de un total de 1.231 sesiones.

El 90 por ciento de las mujeres atendidas en 2016 eran españolas y tenían una edad media de 39 años. El 20 por ciento de ellas estaban casadas; el 5 por ciento eran pareja de hecho; un 9 por ciento estaban separadas; en torno al 17 por ciento eran divorciadas; el 19 por ciento se encontraba en trámite de separación o divorcio, y el 30 por ciento de ellas estaban solteras.

Aproximadamente el 92 por ciento de las mujeres víctimas habían convivido con el agresor, con un promedio de 13 años de convivencia. El 64 por ciento vivían en ciudades cuando sufrieron la violencia; el resto residía en el ámbito rural.

La situación laboral de las mujeres que fueron atendidas en 2016 es variable. El 54 por ciento de ellas no trabajaba y un 40 sí, la mayoría por cuenta ajena, y un 4 por ciento estaban jubiladas.

En torno al 76 por ciento tenía una relación positiva con su familia de origen, mientras que el 24 por ciento restante mantenía una relación negativa o de indiferencia.

Aproximadamente un 41 por ciento de las mujeres no había denunciado al maltratador; un 21 por ciento tenía medidas de alejamiento; en torno al 28 por ciento tenía orden de protección y el 56 por ciento de ellas no contaba con ninguna medida.

En cuanto al tipo de violencia sufrida, todas ellas sufrieron maltrato psicológico, el 70 por ciento violencia física; y el 27 por ciento abuso sexual.

Los menores de edad atendidos al amparo del programa son españoles en su mayoría. El 15 por ciento de ellos se encontraba en la franja de los tres a los cinco años; el 35 por ciento en la franja de los seis a los diez y el 50 por ciento tenían entre once y 17 años. En su mayoría son hijos biológicos de las mujeres víctimas.

La totalidad de los menores tratados sufrieron violencia psicológica, el 11 por ciento física y el 5 por ciento violencia sexual.

En cuanto a los maltratadores, la primera fase de intervención es la evaluación funcional y el diagnóstico. Esta fase finaliza con un establecimiento consensuado de los objetivos del trabajo terapéutico.

Se evalúan de forma más específica aquellas variables internas (de la persona) y externas (del entorno) que hacen más probables sus conductas de maltrato, teniendo muy en cuenta los inicios de sus conductas desadaptativas con respecto a la mujer, los valores que las sustentan, los usos, costumbres y sus experiencias previas, entre otras.

En el plano cuantitativo, el 83 por ciento de los maltratadores tratados son españoles. El 37 por ciento pertenecen al ámbito rural y un 63 por ciento al ámbito urbano. Su edad media está en torno a los 38 años. Aproximadamente la mitad de los agresores están solteros; la otra mitad son casados, pareja de hecho o separados.

El tiempo medio de convivencia de los maltratadores con sus parejas ha sido de diez años. El 33 por ciento están desempleados. El 66 por ciento de ellos han sido denunciados por sus parejas. Todos los maltratadores han ejercido violencia psicológica sobre su pareja y un 40 por ciento de ellos han sido violentos físicamente. Al menos el 50 por ciento de los agresores han sido víctimas de violencia, sobre todo psicológica, en su familia de origen.

A lo largo de 2016 se produjo un 20 por ciento de casos de abandono del tratamiento.