El acusado, a quien Fiscalía atribuye un delito de homicidio, otros dos de homicidio en grado de tentativa y un delito de tenencia ilícita de armas, será juzgado a partir de este lunes ante un jurado popular en la Audiencia de Valencia. La defensa pide que se aplique a su representado la eximente completa de legítima defensa.

Los hechos se remontan al 20 de octubre de 2015 en una parcela ubicada en el Camino Martineque s/n, Partida el Carril, polígono 2, del municipio valenciano de Palma de Gandia.

Ese día, sobre las 23 horas, el acusado se introdujo en el interior de una furgoneta donde tenía pensado pasar la noche. En su poder guardaba un arma con un cañón manipulado, artesanal o transformado, "perfectamente apta" para efectuar disparos con munición de calibre 9 milímetros.

Accedieron a esta parcela tres jóvenes, quienes llevaban la cara tapada y portaban palos y una varilla metálica. El acusado, al oír los ruidos, salió del vehículo y descubrió a estas tres personas, quienes le gritaron que eran policías y que se tirase al suelo. El acusado obedeció y éstos comenzaron a agredirle.

El hombre, que portaba el arma, "con intención de defenderse y de acabar con la vida de los jóvenes que le estaban atacando", comenzó a efectuar disparos dirigidos a los cuerpos de sus agresores. Al menos realizó cuatro disparos, según el mismos escrito fiscal.

Uno de los disparos impactó en uno de los atacantes, de 22 años en ese momento, y el proyectil le atravesó la cabeza. Esto le ocasionó la muerte por la destrucción de centros neurológicos vitales y una hemorragia aguda.

Los siguientes disparos alcanzaron a los otros dos jóvenes, quienes sufrieron diferentes lesiones. El 2 de noviembre el acusado se presentó voluntariamente en la comandancia de la Guardia Civil y contó lo ocurrido a los agentes encargados de la investigación. Pero nunca reconoció que el arma utilizada estuviese previamente en su poder.

Por estos hechos, Fiscalía le reclama la pena de 14 años de prisión y estima que en relación con el delito de homicidio y los dos de tentativa concurren la circunstancia eximente incompleta de legítima defensa y la atenuante de confesión. En materia de responsabilidad civil le reclama el pago de un total de 9.600 euros.