En un comunicado, APDH-A ha señalado que "este caso no es aislado", pues, según ha afirmado la ONG, recientemente ha tenido ocasión de conocer "casos aún más graves, incluso con menores discapacitados, cuyos padres han sido denunciados por AVRA y condenados por ocupar un piso en el mismo barrio", cuando resulta que "pagar una multa económica agrava aún más la situación".
Desde APDH-A se ha recordado que "en reiteradas ocasiones" han pedido a AVRA "que no utilice la vía penal contra familias que se ven obligadas a ocupar, tras años de solicitar viviendas a esa misma entidad, y para que paralice los procedimientos que se encuentren en curso, al menos hasta que se encuentre una alternativa habitacional para dichas familias".
Sin embargo, hasta el momento AVRA no ha accedido a dichas peticiones y tampoco responde a APDH-A cuando le pregunta "si existe un protocolo de actuación al respecto, o sobre el número de procedimientos penales interpuestos, cuestiones ambas planteadas incluso a través de sendas preguntas parlamentarias", habiendo presentado también "una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, que ya ha sido admitida a trámite".
Por ello, APDH-A, junto con Stop Desahucios Córdoba, Barrios Ignorados, La Asociación Unión y Esperanza de Las Palmeras y la Asociación de Vecinos Amargacena, ante las peticiones de ayuda que les hacen distintas familias por "sus inminentes desalojos", entienden que "la solución pasa por buscar cauces de comunicación.
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