La primera tanda de declaraciones iban a arrancar a las 10,00 horas en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada con los ediles Juan García Montero y Telesfora Ruiz y los exconcejales Juan Antonio Mérida e Isabel Nieto, si bien un corte eléctrico ha provocado fallos en el sistema informático y se ha optado por el aplazamiento al no estar garantizado que se pudiera grabar. Se mantienen no obstante, las citaciones del viernes, según han detallado a los periodistas algunos de los abogados que se han desplazado este jueves al edificio judicial de La Caleta.

La jueza ha citado a todos los ediles que en 2012 integraban la Junta de Gobierno Local en la que se produjo una votación por unanimidad en relación con los horarios y usos complementarios del Serrallo por entender que esta actuación puede ser constitutiva de un delito de prevaricación urbanística y bajo la premisa de que los miembros de la corporaciones locales deben de cerciorarse de que las decisiones que vayan a adoptar se ajustan a la legalidad, no pudiendo reducirse su votación a "una mera actuación automática".

La exedil Isabel Nieto se ha mostrado convencida a su salida del Juzgado de que "no hay caso" y ha defendido ante los periodistas que los expedientes que van a la Junta de Gobierno Local "llevan sus propuestas redactadas por los técnicos de las distintas áreas" y pasan diversos "filtros" antes de ser votados.

En contraposición de la tesis de la magistrada, ha sostenido que un concejal solo tiene "competencias políticas" y no es su obligación ni está cualificado para "discutir con los técnicos sobre materias que están regladas".

Este viernes está previsto que declaren a partir de las 10,00 horas y a intervalos de media hora los concejales Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes y Francisco Ledesma, mientras que la declaración del exconcejal Vicente Aguilera ha sido trasladada también al 22 de mayo.

Antes, el 16 de mayo, lo harán la edil María Francés, la exsecretaria del Ayuntamiento de Granada Mercedes López Domech y el Interventor Francisco de Paula, que también están investigados en la causa.

La jueza ha citado a estos ediles y exediles -seis de ellos aún siguen en el grupo municipal del PP- después de que el pasado 27 de marzo lo hiciera en calidad de investigado el que fuera alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), el cual expuso que tanto su participación en la Junta de Gobierno Local como la del resto de miembros se llevaba a cabo de forma "automática", puesto que seguían los criterios de los que eran informados por los técnicos.

No obstante, la magistrada argumenta en su último auto que, de acuerdo al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, los miembros de estas instituciones están "sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones en el ejercicio de su cargo y son responsables de los acuerdos en los que hayan votado favorablemente".

En este sentido, advierte la jueza de que los miembros de la Junta de Gobierno Local "no pueden limitarse a votar" como expuso Torres Hurtado en su declaración, sino que, como miembros de la corporación, "tienen la obligación de obtener datos o informaciones (...) que resulten precisos para el desarrollo de su función. Es mas, deben de cerciorarse de que las decisiones que vayan a adoptar se ajustan a la legalidad, no pudiendo reducirse su votación a una mera actuación automática como se argumentó al respecto".

Por ello, ha aceptado la petición de la acusación popular ejercida por el partido político VOX de traer al procedimiento a los concejales que apoyaron este expediente del 'caso Serrallo' para que declaren como investigados.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada también instruye el llamado 'caso Nazarí', por el que están investigadas un total de 17 personas entre políticos, funcionarios y promotores, algunos de los cuales también están vinculados al caso Serrallo, como el exalcalde José Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, ambos suspendidos de militancia en el PP.

En el caso Serrallo se investigan la supuesta comisión de delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación al haberse supuestamente sustraído al uso público y general gran parte de un Sistema General de espacios libres "con una parcelación ilegal del mismo que ha permitido unas construcciones que, ni en su volumen ni en su destino (...) se ajustan al planeamiento general".

De hecho, la jueza cree que lo "contravienen y no respetan la concesión ni en cuanto a su objeto exclusivo de parque infantil ni en cuanto al objeto de la concesión existente ni en cuanto a su adjudicatario único, por lo que habría supuesto una alteración sustancial del pliego y del precio de la adjudicación del mismo".