En una respuesta parlamentaria a diversas preguntas de Cs, la consellera Meritxell Ruiz ha asegurado que la actuación del centro fue adecuada "sin que conste que se haya desvelado nominalmente la identidad de la familia que instó al procedimiento judicial" que se abrió.

En junio de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó una interlocutoria que adoptaba medidas escolares para cursar un 25% de materias en castellano, y el director de la escuela debía hacer unas adaptaciones en el régimen lingüístico en los grupos donde estaban escolarizados los niños.

En septiembre de 2015, la dirección de la escuela convocó y se reunió con las familias de los alumnos afectados por la resolución, ya que, desde el punto de vista organizativo y pedagógico, veía necesario explicar cómo afectaría la resolución judicial al proyecto lingüístico del centro.

Según la consellera, el equipo directivo solo informó de los cursos escolares que estaban afectados por las medidas cautelares establecidas en la resolución judicial, y antes del 14 de septiembre, la familia comunicó al centro la "baja voluntaria" de sus hijos, que cambiaron de escuela.

La dirección del colegio preveía crear una comisión de seguimiento integrada por la secretaria del centro, una psicopedagoga, la inspectora de la escuela, un representante de las familias y -en las sesiones que fuera necesario- invitar al padre o madre de la familia demandante, pero "no se llegó a constituir" por el cambio de colegio.

RESOLUCIÓN DEL SÍNDIC

La resolución del Síndic de Greuges, consultada por Europa Press, había pedido a la Conselleria tomas las medidas necesarias para asegurar en adelante el "derecho a la intimidad" de los alumnos.

El Síndic también pedía a la Conselleria dar instrucciones para que en un futuro se asegure la protección de los derechos de todos los alumnos y el cumplimiento de los principios de pluralismo, inclusión y cohesión social mediante medidas que mantengan la escuela y su entorno fuera del conflicto de los adultos.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (Aeb), que presentó una queja por el caso ante el defensor catalán, subrayó en su momento que en la resolución "el Síndic reconoce la vulneración del derecho a la intimidad de los alumnos de Balaguer" y critica la actuación insuficiente de la Conselleria de Enseñanza.