La propuesta de Compromís reclama que el importe recaudado se destine al desarrollo de programas para mejorar los hábitos alimenticios de las personas o a incrementar la concienciación social ante los problemas de salud derivados de una mala alimentación, según ha informado la coalición a través de un comunicado.

Además, para Compromís, "no es necesario limitarse a las bebidas, habría que ir más allá y tratar de desincentivar el consumo de otros alimentos azucarados o con exceso de grasa, como es el caso de los productos de bollería, entre otros".

La diputada ha subrayado al respecto que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la obesidad ha aumentado en todo el mundo más del doble entre 1980 y 2014" y que "se calcula que en 2014 más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso y más de 600 millones eran obesos".

En el caso de los niños, ha resaltado que "en 2015, 42 millones de menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos", lo que ve como "cifras especialmente preocupantes, puesto que estos se enfrentan a una mayor probabilidad de tener problemas de peso y de salud en la edad adulta".

"Junto al sobrepeso, que ya genera de por sí problemas para la salud, como por ejemplo los cardiovasculares, el azúcar genera enfermedades como la diabetes, aumento de colesterol, triglicéridos, problemas en la glucosa, en el aparato digestivo, migrañas, ansiedad y una larga lista de enfermedades directamente relacionadas con un consumo inadecuado del azúcar".

La parlamentaria de Compromís ha recordado que "la OMS recomendó en octubre del año pasado a los gobiernos que subieran los impuestos de las bebidas azucaradas para combatir lo que describieron como 'epidemias globales de obesidad y diabetes'", con el objetivo de "reducir de forma proporcional a su consumo".

"No nos puede pasar como en la pasada legislatura donde se llegó tarde con el impuesto sobre la banca. El Gobierno central impidió que se aplicara estableciendo a cero este impuesto a las entidades financieras para no permitir que las comunidades autónomas lo recaudaran, por eso se debe hacer lo más pronto posible", ha añadido.

APLICADO EN OTROS PAÍSES

La propuesta de Compromís destaca que algunos países ya han asumido las recomendaciones de la OMS: México aprobó un impuesto para las bebidas azucaradas y para los bocadillos altos en calorías, algunos estados de Estados Unidos aplican una tasa a las gaseosas, mientras Chile y Ecuador aplican también tasas sobre las bebidas azucaradas. En la misma línea, países europeos como Reino Unido o Francia aplican este tipo de impuestos.

A nivel nacional, Jordi Juan ha señalado que ya se ha aprobado en Catalunya el impuesto sobre las bebidas azucaradas, un gravamen sobre los refrescos con exceso de azúcar o sodio. "El aumento dependerá de la cantidad de azúcar que contenga: para productos con menos de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros no habrá aumento, para los productos entre 5 y 8 gramos por cada 100 mililitros aumentará 8 céntimos por litro, y para los productos con más de 8 gramos por cada 100 mililitros el aumento en el precio será de 12 céntimos", ha detallado.

Además, la ley catalana establece que "las empresas están obligadas a repercutir el impuesto al consumidor final puesto que esta medida tiene un objetivo disuasorio, tanto para el consumidor como para las empresas por una reducción del porcentaje de azúcar que contienen sus productos. La Hacienda catalana prevé recaudar 41 millones de euros con este impuesto".

"Los impuestos influyen en el comportamiento de los consumidores, de esta manera se puede reducir el consumo de productos azucarados y, por tanto, combatir de manera efectiva la obesidad, la diabetes y otros problemas para la salud con una fiscalidad justa", ha concluido el diputado de Compromís.