El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado, por unanimidad, la convalidación del decreto-ley

1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor y su tramitación como proyecto de ley.

Así lo han solicitado los grupos parlamentarios en el Pleno de este jueves, el primero de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad y en el que la consejera en funciones de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, ha defendido el decreto ley aprobado por el Gobierno regional el pasado 4 de abril "para evitar la llegada de vertidos" a la laguna.

Martínez-Cachá, que ha celebrado que "por fin un año después todos los grupos políticos se suman a decir sí a las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno regional, más de 40", ha recordado que el decreto surgió del diálogo entre agricultores, vecinos y ecologistas, y ha explicado que con este decreto "vamos a trabajar tres zonas de actuación" en el entorno de la laguna a fin de "prohibir los vertidos al mar y el control de la actividad agrícola en el Campo de Cartagena", así como el establecimiento de una franja de protección costera de 100 metros.

"Medidas todas ellas para que la agricultura del Campo de Cartagena siga siendo un referente a nivel mundial, más sostenible y saludable, si cabe", ha apostillado la consejera en funciones en el Parlamento autonómico.

A pesar de ello, la oposición ha advertido "muchas ausencias" en el decreto. Así, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Guillamón, ha considerado necesario que haya mayor participación "para abordar profundamente el tema" pues "en este Real Decreto tampoco se aborda la situación de numerosas hectáreas de cultivos intensivos que se encuentran en situación de irregularidad ni se soluciona el origen de la contaminación agraria, además de no hablar de la reconversión de los cultivos intensivos para que sean sostenibles y compatibles con el Mar Menor".

Guillamón ha solicitado, asimismo, que se redefinan las zonas establecidas para el cultivo, en especial las zonas 1 y 2, a fin de que se establezca una franja de protección en torno al Mar Menor "lo suficientemente amplia y segura".

El diputado socialista se ha quejado de que se haya pretendido "liquidar este asunto por el procedimiento de urgencia, y también que haya recaído en el Cuerpo de Agentes Medioambientales el seguimiento, dada la falta de efectivos, la falta de formación específica y la falta de recursos existente".

Por su parte, el diputado de Cs ha lamentado que el decreto ley presentado por el PP no haya sido consensuado con el resto de formaciones políticas, "ni siquiera con la gran mayoría de colectivos afectados por las actuaciones previstas", tales como las federaciones de asociaciones de vecinos, el pacto por el Mar Menor, organizaciones ecologistas, así como la cofradía de pescadores de San Pedro del Pinatar, entre otros.

En este sentido, Fernández ha incidido en varias cuestiones que cree que se han de mejorar. "No entendemos que quede fuera del decreto una zona de 800 hectáreas de cultivo que actualmente son alegales, ni tampoco comprendemos que este documento sea más permisivo en relación a los nitratos que la legislación actual".

"Nos comprometemos a escuchar a los colectivos implicados para elaborar una ley que de verdad ayude a salvar al Mar Menor", ha terminado Fernández.

Desde Podemos, la diputada regional María Giménez ha señalado que el Mar Menor no se merece un "decreto de efecto maquillaje", es necesario que se tramite como proyecto de ley "puesto que si "ahondamos en lo presentado por el Gobierno, vemos que se queda muy en lo superficial, no resuelve nada. Es todo un lavado de cara porque llega al verano. Nosotros, en la tramitación, incorporaremos todas las enmiendas que nos ha trasladado la sociedad civil".

Giménez ha señalado que el decreto "es un parche completamente ineficaz. La Consejería lo ha tenido que sacar por la puerta de atrás para tratar de apaciguar por las justas reivindicaciones de los vecinos, la Fiscalía, los grupos de la oposición, pacto por el Mar Menor, grupos ecologistas o la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar".

La parlamentaria de Podemos ha remarcado que es un "escándalo que la consejera Martínez-Cachá haya venido a presentar un decreto negociado en despachos y sólo con determinados sectores". En cuanto "ahondamos" en lo presentado por el Gobierno, ha dicho María Giménez, vemos que es un texto "esquizofrénico". A su parecer, "se ha creado un mapa en el que hay una zonificación en el que las exigencias tienen unos parámetros absurdos".

De manera concreta, Giménez ha asegurado que "ni tan siquiera abarca los aspectos ambientales en su amplitud. Se limitan a aplicar el código de prácticas agrarias de la Región, y un régimen sancionador que, por otra parte, es de obligado cumplimiento en aplicación de la Directiva relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrario".

Según la diputada del Grupo Parlamentario Podemos, hay aspectos completamente olvidados, a los que el Decreto Ley no dedica "la más mínima atención". Es el caso, ha explicado, de la moratoria urbanística, las inversiones de la ITI, los puertos deportivos, las obras costeras, o el Plan de Gestión para la conservación de los Espacios de Natura 2000 que está dos años de trámites.

Mientras el diputado del grupo parlamentario Popular, Jesús Cano, ha incidido en que en este texto legal, validado este jueves unánimemente por el Pleno del Parlamento regional, es fruto del "diálogo y el consenso" con las organizaciones agrarias "porque sin su implicación y compromiso no es alcanzable la recuperación del Mar Menor".

Al respecto, ha recordado que el Gobierno regional dijo hace un año que la recuperación del Mar Menor era su prioridad, "un año después tenemos un Mar Menor más revitalizado, un paquete de 40 actuaciones encima de la mesa, 21 millones de inversión solo este año y un decreto-ley para garantizar el vertido cero".

Además, ha subrayado "la regulación de la implicación de los ayuntamientos de la ribera marmenorense para controlar los vertidos y afrontar las infraestructuras necesarias con las que afrontar su canalización".

Entre las medidas recogidas en el Decreto-Ley, Jesús Cano ha señalado "la implantación de barreras vegetales y de conservación con las que se amortigua el efecto de la agricultura sobre el estado del Mar Menor, soluciones permanentes para que el Mar Menor supere de forma definitiva su crisis medioambiental".