La ONG Seo/BirdLife ha pedido armonizar las penas por delitos ambientales en la Unión Europea (UE) ante la próxima revisión de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal, ha informado este miércoles en un comunicado.

Un estudio impulsado por la ONG constata la "amplia disparidad" entre los estados miembro frente a los mismos delitos ambientales cometidos en la UE, ya que el número de países con penas iguales por un mismo delito no supera el 32%.

Según la entidad, que ha contado con la colaboración del Centre d'Estudis de Dret ambiental de Tarragona, "dañar la capa de ozono puede suponer cadena perpetua o una simple multa dependiendo del país de la UE donde se cometa el delito".

Una situación similar ocurre con la destrucción de hábitats protegidos con penas que van de los seis meses a los 20 años, o el tráfico con materiales nucleares, que supone medio año de cárcel en Luxemburgo y prisión permanente en Bulgaria.

Así, contra el crimen ambiental, se aplican diferentes tipos de sanciones según los Estados: desde multas a prisión o una combinación de ambas, si bien las penas de prisión son las más habituales en el conjunto de la UE, aunque con variaciones significativas en el tiempo de pena.

El informe, elaborado por abogados y juristas de la Red Europea contra los Delitos Ambientales (Enec, en sus siglas en inglés), también subraya la necesidad de que las autoridades comunitarias analicen la fuerza disuasoria de las penas.

También destaca la falta de medios para perseguir de forma adecuada estos delitos, como falta de procedimientos adecuados para cuantificar la gravedad de un caso de destrucción de hábitat o escasez de recursos para perseguir a autores de ilícitos tan complejos como el envenenamiento ilegal de animales silvestres con cebos en el campo.

Los autores han analizado la trasposición de la Directiva 2008/99/CE sobre protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal en 27 Estados Miembro, incluyendo a España.

SITUACIÓN EN ESPAÑA

De todos los países analizados, Luxemburgo, Estonia, Dinamarca y Austria son los que menos penas imponen por delitos ambientales, y España se encuentra en la mitad de esta clasificación, con penas que oscilan entre los 12 años por vertidos o emisiones peligrosas y el año de cárcel por el traslado de residuos.

Los pocos datos existentes de la realidad en España apuntan a que al tasa de condenas por delitos ambientales es baja, según la entidad: un 17% por delitos contra la flora y la fauna, según datos de 2012, mientras que los delitos urbanísticos fueron un 52,9%.

Según la entidad, este "alto grado de impunidad" es palpable en ilícitos como el uso de veneno ilegal; entre 1992 y 2013 se registraron oficialmente 8324 episodios de esta índole, pero solo se dictaron 80 sentencias condenatorias, lo que supone que el 99% de este delito ha quedado impune y no ha contado con ninguna sanción penal.