En rueda de prensa, el portavoz del equipo de gobierno, el socialista José Luis Ramos, ha tildado de "propuesta vacía, desigual y discriminatoria" los PGE de 2017 para la provincia, a la par que ha lamentado "la dejación por parte del Gobierno Central a la provincia, con una brutal bajada de la inversión para Huelva y dejando en el olvido las principales infraestructuras".

Para los socialistas, si de los 123 millones de euros de inversión para la provincia, se le restan los 49,6 millones de euros de inversión propia del Puerto de Huelva, más los 11,7 millones presupuestados para la presa de Alcolea, "cuyas obras están paralizadas", la inversión se reduce a 62 millones para cubrir todas las necesidades de la provincia.

Por eso, las partidas "ponen de manifiesto que el Gobierno central demuestra una vez más su falta de sensibilidad hacia la provincia, privando a la misma de inversiones absolutamente necesarias para su desarrollo, y no contribuyendo de ningún modo a romper el déficit existente con otras provincias españolas".

A su vez, el portavoz ha criticado "el agravio" que se produce entre los onubenses con respecto a los ciudadanos de otras provincias, ya que "mientras en España la inversión media es de 254 euros por habitante, en Huelva es de 140 euros".

En cuanto a empleo, José Luis Ramos ha lamentado que el Gobierno central no haya diseñado un plan de empleo para esta provincia y ha recordado que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación de Huelva sí han puesto sobre la mesa planes de empleo para la provincia. Al mismo tiempo, ha reclamado una mayor dotación presupuestaria para las políticas sociales, poniendo como ejemplo la Ley de Dependencia, que del 50-50 en colaboración Junta de Andalucía y Estado, se pasó del 80-20 de competencia autonómica.

OTRAS MOCIONES

El grupo socialista también presenta otras dos mociones para su aprobación. En una primera, insta al Gobierno central a reponer el derecho de las personas cuidadoras no profesionales del sistema de dependencia a que las cotizaciones a la Seguridad Social corran a cargo de la Administración General del Estado, derecho que les fue arrebatado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

El grupo socialista en el Congreso de los Diputados ya llevó esta proposición al pleno del Congreso, siendo rechazada por el Grupo Popular y la abstención de Podemos, en una votación celebrada el pasado 28 de marzo. Sin embargo, los socialistas entienden que debe reconsiderarse dicha situación, y "poner fin a una injusticia que se está cometiendo con miles de personas cuidadoras en este país, y que afecta a muchos onubenses, quienes se ven privados de este derecho básico".

En la última de las mociones presentadas por el grupo socialista, se insta al Gobierno Central a modificar el artículo 56 del Código Civil, según la ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria que establece que "quienes deseen contraer matrimonio, acreditarán previamente en expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil que reúnen los requisitos de capacidad, establecidos en este código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento".

A partir del 30 de junio de 2017 entrará en vigor la reforma que prescribe un dictamen médico sobre la aptitud para prestar el consentimiento de aquellos contrayentes que estuvieran afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales".

En el texto de la moción, los socialistas consideran que se trata de una situación claramente discriminatoria de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad, destacando que todas las personas son iguales ante la Ley, e instando a los países a poner fin a las discriminaciones contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia y las relaciones personales.