Una mujer de nacionalidad rumana, abuela de la niña fallecida el pasado lunes en Talarrubias (Badajoz) por supuestos malos tratos, se ha llevado sin permiso a sus dos hijos que estaban acogidos por la Junta de Extremadura en el centro de menores San Juan Bautista de Badajoz.

La Administración extremeña, ha presentado una denuncia contra la mujer que tiene a otro hijo acogido en el mismo centro, según han informado fuentes de la Consejería de Igualdad y Empleo de Extremadura.

Al parecer, los menores, una niña de 11 años y un niño de 8, salieron a dar una vuelta por la ciudad y aprovecharon para quedar con su madre e irse con ella.

La Junta de Extremadura ha explicado que "en ningún caso se trata de un secuestro con allanamiento del centro por parte de ningún familiar", sino que estos niños se encontraban en él en régimen abierto y "por causas que la administración desconoce, y que se esclarecerán a través de la investigación que se está llevando a cabo, decidieron marcharse, encontrándose en paradero desconocido hasta el momento".

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para "localizar y detener" a la madre y, una vez se conozca el paradero de la familia, actuará la Justicia para decidir si asume la custodia de los menores para garantizar su integridad y su seguridad.

Para ayudar a la localización de los dos niños desaparecidos se han repartido fotografías de los mismos en comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil.

Malos tratos a los niños

Uno de los nietos era la niña de tres años fallecida la madrugada del pasado lunes en Talarrubias, cuyo cadáver presentaba numerosas heridas y hematomas cuando ingresó en el Hospital Siberia-Serena.

Sus padres, los dos de 18 años, están detenidos por un presunto delito de malos tratos y se encuentran en prisión provisional por orden del juez que investiga la muerte de la pequeña.

La Dirección General de Infancia y Familias informó el lunes de que entró "en contacto" con la niña fallecida y con su hermana de año y medio a raíz de un aviso de la Guardia Civil, que denunció malos tratos contra la pequeña de menor edad por parte de su abuela, con quien residían las niñas.

La Junta acogió entonces a ambas y se puso en contacto con los padres que trabajaban en Sevilla. Fue en ese momento cuando la Administración regional también se hizo cargo de los tres hijos de la abuela.

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