La condena, dictada 'in voce' por el magistrado presidente de la Sección Segunda de lo Penal, Feliciano Trebolle, es fruto del acuerdo alcanzado entre la fiscal del caso y el procesado, quien se ha reconocido autor de los hechos y ha aceptado una condena de dos años y medio de privación de libertad y el pago de una multa de 8.000 euros por delito de distribución de moneda falsa, junto con otra multa de 200 euros por una falta leve de estafa, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La sentencia finalmente impuesta es notablemente más beneficiosa para los intereses del encausado, para quien en un principio, con carácter provisional, la acusación pública interesaba ocho años de cárcel y sendas multas de 16.000 y 360 euros.

La detención de B.A.P.G, de 33 años y sin antecedentes, se produjo el 5 de noviembre de 2015 en el curso de una investigación de tráfico de drogas contra un grupo organizado que llevaba el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, cuyo titular autorizó ese día una entrada y registro en el domicilio del procesado sito en la calle General Shelly, así como en los trasteros, cocheras, garajes o cualquier otra dependencia que pudiera pertenecer a esa vivienda.

Los agentes actuantes hallaron en el dormitorio del procesado, dentro del cajón de la mesilla de noche, un total de 15.900 euros falsificados. Los billetes en cuestión habían sido confeccionados de tal forma que, según los expertos que los analizaron, podían ser confundidos fácilmente con los legítimos, de ahí que dicha falsificación haya sido considerada como "peligrosa".

No constaba acreditado que el detenido interviniera en la confección de los billetes, aunque el fiscal sí entendía que actuaba de acuerdo con quienes los elaboraron y que estaba encargado de dar salida a los mismos, como de hecho hizo, al menos en una ocasión, con uno de los billetes de 100 euros, al efectuar el pago de un vehículo que el día 25 de junio de 2015 compró a un tercero, quien, confiado en la aparente validez de todo el efectivo entregado, aceptó la transacción.

El procesado, en virtud de la sentencia de conformidad alcanzada, se ha comprometido igualmente a indemnizar a la víctima de su estafa con 100 euros.