En rueda de prensa, Jiménez ha recordado que FICA-UGT ya presentó "una denuncia en la Inspección de Trabajo al tener conocimiento de que Magtel, la empresa contratada para las obras de Emacsa, no aplicaba el convenio sectorial correspondiente, es decir, el de la construcción". Dicha denuncia se resolvió de forma favorable, reconociendo en 2016 la Inspección de Trabajo que el de la construcción era el marco legal por el que se debía regir esta empresa.

Por eso, según ha señalado Jiménez, en FICA-UGT se han sorprendido de que, "a pesar de haber enviado un escrito con esta resolución de la Inspección de Trabajo la empresa municipal, no ha recogido esta cláusula en el pliego de bases de contratación", lo cual ha dicho lamentar Jiménez, pues "hay un gobierno municipal que se dice progresista, pero que está aplicando la Reforma Laboral y deja la puerta abierta a que las empresas precaricen el trabajo".

Por su parte, Pedro Téllez ha señalado que "la no inclusión de este punto obligatorio supone un cheque en blanco para que los empresarios reduzcan en costes laborales. Están dejando en el aire un 40 por ciento del presupuesto y nos tememos que las empresas aprovechen para reducir costes en el personal, con trabajadores cobrando el salario mínimo interprofesional".

Los dos secretarios generales han explicado que, además, "las condiciones de contratación de Emacsa son leoninas, impidiendo a la mayoría de empresas cordobesas optar a estas licitaciones", cuando "el contrato que se formalizará tendrá una vigencia de seis años y un importe de once millones de euros".

Por eso, Jiménez y Téllez han dicho esperar que el Ayuntamiento y la presidenta del consejo de administración de Emacsa y alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, rectifiquen antes del 2 de junio, día en el que concluye el plazo de presentación de ofertas", mientras que desde FICA-UGT seguirán adelante con el contencioso administrativo, sin descartar movilizaciones.