En un comunicado, WWF considera que estas actuaciones "van contra los intereses del sector fresero legal del Condado, ya que no están teniendo en cuenta que los consumidores europeos están pendientes de lo que está ocurriendo en Doñana, y nos están reclamando una fruta sostenible y producida legalmente".

Por ello, WWF asegura que ante esta campaña para "exigir la paralización del plan y una amnistía para todas las fincas ilegales que han de ser eliminadas de acuerdo a las leyes tanto nacionales como autonómicas", insiste en pedir a la Junta que "no ceda a estas presiones que le piden que ignore su propia normativa".

Para la organización ecologista, sería "difícil explicar a los consumidores europeos por qué se aplican amnistías a personas que vienen usando ilegalmente recursos públicos como el agua o las masas forestales, poniendo en riesgo los equilibrios ambientales de Doñana", en vez de aplicar unas leyes que, como este plan, "buscan compatibilizar un espacio natural y un sector agrícola ordenado y sostenible, protegiendo el capital natural, asegurando el reparto equitativo de los recursos y su conservación para el futuro".

"Cultivar junto a Doñana aporta valor añadido al sector pero es necesario un modelo agrícola que respete las normas y los recursos naturales compartidos, y aún con sus carencias, es lo que pretende el también llamado Plan de la Fresa", precisan desde WWF.

A juicio de los ecologistas, "se está poniendo en riesgo todo el trabajo realizado hasta la fecha al exigirse que se legalice a quien no ha cumplido las leyes" y piden a las administraciones -Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ayuntamientos- que sigan implementando el plan, cerrando los pozos, eliminando las fincas ilegales e implementando un nuevo modelo agrícola compatible con la conservación de Doñana, que permita la recuperación del acuífero, el descenso de los niveles de contaminación difusa o el control de la erosión de las riberas de ríos y arroyos.

El Plan de la Fresa fue aprobado en 2014, tras siete años de trabajos, para poner orden en el caos de cultivos agrícolas del entorno de Doñana, frenar la sobreexplotación del acuífero que alimenta Doñana y solucionar el uso ilegal del agua y el suelo.

Por ello, considera que pedir que "se regularicen aquellas parcelas que por diferentes causas se han quedado fuera de la zona regable del plan", como hace la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, "es reconocer que se está fuera de la ley y se exige una amnistía que es totalmente inaceptable en un Estado de Derecho".

Para Juan Carlos del Olmo, secretario General de WWF, "es especialmente llamativo que sea la plataforma la que reclama ahora romper con el plan, cuando en su día promovieron manifestaciones reclamando su elaboración y fue aprobado en el Consejo de Participación con el consenso de las asociaciones de agricultores".

En este sentido, ha añadido que las explotaciones agrícolas excluidas del plan -las posteriores a 2004 así como las transformadas sin autorización en zonas forestales después de 1992- "deben ser eliminadas porque no cumplen con la ley y porque perjudican los intereses de todos, también los del propio sector".