En respuesta, la Fiscalía Anticorrupción ha dictado un decreto sin posibilidad de recurso, por el que da traslado a la Fiscalía de La Rioja del citado expediente, aludiendo falta de competencia territorial, ha señalado el sindicato en un comunicado.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas del Estado ha comunicado a este sindicato a través de un escrito que archiva las diligencias preprocesales en cuanto a la responsabilidad contable, material exclusiva de este tribunal, al no apreciar indicios de "daño económico, real, efectivo e individualizado en los fondos públicos". "No entendemos como no ha considerado perjuicio público los más de 6 millones de euros que la Consejería debe pagar a Aparcamientos Cibir en compensación por los beneficios no alcanzados, reflejado en el contrato firmado", han añadido.

Las "presuntas ilegalidades e irregularidades" en la tramitación administrativa de la Adjudicación de este contrato, denunciadas por FeSP UGT, quedan ahora en manos de la Fiscalía de La Rioja. Desde FeSP UGT "esperamos una pronta y justa resolución, a fin de resolver un contrato que hipoteca los fondos públicos del Sistema Riojano de Salud con repercusión sobre la atención a salud de los riojanos".