Según ha explicado en declaraciones a Europa Press el concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017 recoge una regulación "idéntica" a la de 2016 para las aplicaciones financieras que puede tener el superávit de las administraciones locales, el cual se puede dedicar a amortización de deuda o a las denominadas inversiones financieramente sostenibles (IFS).

El superávit comunicado en la liquidación presupuestaria de 2016 por el Ayuntamiento de Valladolid ha sido de 26,1 millones de euros, lo que supondría el límite máximo para aplicar a dichas posibles acciones en el ejercicio 2017, aunque para inversiones financieramente sostenibles existe un segundo límite que es el de no superar la previsión de superávit prevista para el presente ejercicio.

En ese caso, la cantidad es de 12,4 millones de euros, por lo que éste sería el máximo para dedicar a IFS en 2017, si bien Gato ha matizado que podría variar si se modifica a lo largo de este año la previsión trimestral del superávit.

La cantidad restante hasta 26,1 millones -13,7 millones- podría aplicarse a la amortización de deuda, algo que como ha apuntado el edil socialista se decide a finales de año para conocer el superávit con mayor precisión.

No obstante, Antonio Gato ha advertido de un "problema añadido" que se da este año, ya que no se prevé una aprobación de los presupuestos "como pronto" hasta el mes de junio, y hasta ese momento no se podrían aprobar las IFS en el Pleno municipal, de modo que quedaría poco más de medio año para afrontar toda la tramitación que requieren, pues estos proyectos de inversión deben estar licitados antes de finales de año.

Por otra parte, el concejal ha explicado que el Gobierno de España no ha tenido en cuenta la solicitud de numerosos ayuntamientos para poder dedicar al menos una parte del superávit a gasto social y creación de empleo y finalmente no se ha modificado nada en la regulación.

En relación al proyecto de Presupuestos, Antonio Gato ha añadido que existen varios puntos más en los que debe prestar atención el Ayuntamiento de Valladolid, como la subida del 1 por ciento para el sueldo de los funcionarios y la Oferta Pública de Empleo, sobre lo cual se ha encargado un informe a la asesoría jurídica municipal para comprobar la manera en la que puede afectar.

El edil ha apuntado que la incidencia de este último acuerdo no será tanta como se preveía, debido principalmente a que el Ayuntamiento de Valladolid no tiene colectivos laborales de educación ni de sanidad.