En concreto, han anunciado paros de dos horas (entre las 12.00 y las 14.00 horas) los próximos días 28 de abril y 5 de mayo ante la falta de negociación "real" del convenio colectivo autonómico del sector del transporte sanitario y el "bloqueo" que han asegurado que lleva a cabo la patronal del sector.

Los sindicatos han presentado en el Serla una solicitud para buscar un acercamiento entre las partes y, si el desencuentro persiste, está prevista una huelga general de 24 horas para todo el sector en la Comunidad a finales del próximo mes de mayo, aún por determinar la fecha.

Durante todo este tiempo en el que están intentando llegar a un acuerdo, la patronal "sólo da la callada por respuesta", han asegurado los sindicatos en rueda de prensa, en la que han concretado que la última reunión habida data del pasado 26 de enero, desde cuando no "ha movido ficha" y sigue "desaparecida".

Los sindicatos han expresado el malestar por este proceder, lo que han asegurado que les ha llevado a tomar esta determinación después de las movilizaciones habidas a principios de año que culminaron con una manifestación de carácter autonómico por las calles de Valladolid el pasado día 4 de marzo.

En la actualidad, los cerca de 2.500 trabajadores del sector del transporte sanitario en esta región se encuentran "a la cola" en lo concerniente a prestaciones económicas. En concreto, si se hace una labor comparativa entre los 16.300 euros de media anual que percibe un profesional aquí y los más de 26.000 que cobran en Guipúzcoa y Madrid, la diferencia es "abismal", han señalado.

Precisamente la reivindicación de los profesionales es acercarse a la media salarial del país, para lo que en el último convenio colectivo se firmó en 2007, con vigencia hasta 2010, y en él se recogían subidas salariales de un 7 por ciento más IPC en 2008, del 8 por ciento y el IPC al año y siguiente y el 9 más IPC en 2010.

FALTA DE CUMPLIMIENTO

El convenio se cumplió en 2008 y en 2009, pero en 2010 se rompió con motivo de la crisis y en aras de preservar el empleo, de manera que en 2010 la subida pactada se dividió entre 2010 y 2011, a un 4,5 por ciento anual más el IPC por cada uno de los dos años.

De no haberse alcanzado este acuerdo el empleo hubiera peligrado, pero los sindicatos han asegurado que a la hora de la verdad tampoco se cumplió lo pactado y en 2011 no se subió el 4,5 por ciento acordado, solo el IPC.

A todo esto hay que añadir que, en 2013 al igual que la Junta con los empleados públicos, pero sin que estos lo sean, la patronal les rebajó el sueldo un 5 por ciento debido a que el Gobierno autonómico también se lo había rebajado a ellos en la concesión y durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 se les congeló el sueldo a todos ellos.

Por lo tanto, en todo este tiempo han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 21,70 por ciento, de ahí que sea el colectivo de transporte sanitario peor pagado de España, han asegurado los sindicatos.

"Y pese a todo, la calidad en la prestación aún no se ha resentido merced al notable esfuerzo de unas plantillas que se entregan a diario para brindar un servicio notable a la ciudadanía", remarcan los representantes de ambos sindicatos.

Además de estos "agravios", los sindicatos han recordado que además se ha endurecido el acceso a esta profesión se ha elevado exponencialmente ya que desde el Real Decreto de 2012 se necesita el título de técnico de formación profesional de grado medio o la acreditación correspondiente.

En Valladolid solo lo imparte una empresa privada y está controlada por Ambuibérica (el coste asciende a 4.000 euros), concesionaria del transporte sanitario en la mayoría de la Comunidad.

Además, en los últimos conciertos se ha incrementado el peso de las ambulancias, por lo que se ha empezado a solicitar también el carné C1 a sus conductores.

La adquisición de ambos títulos puede alcanzar los 7.000 euros, que han de abonar los propios afectados y lograrlos fuera de su jornada profesional.

Ante esta situación, los sindicatos han criticado que la Junta no ejerce su función de supervisar realmente el cumplimiento de los conciertos y ponen como ejemplo la falta de control de la adscripción de las matrículas de las ambulancias.

También denuncian la insuficiencia de las plantillas en la Comunidad, ya que a su juicio para cumplir con lo que marcan los pliegos de condiciones técnicas y administrativas habría que contar con un 30 por ciento de plantilla más (750 personas).

"Y a la vista de los últimos concursos, la dotación económica de la Junta no cubre las necesidades reales para que se preste el servicio adecuadamente. Es por eso que las empresas incumplen de forma sistemática las obligaciones contraídas en los pliegos. Por lo tanto, tanto empresas como Junta tienen culpa de la situación por la que atraviesan estos trabajadores", han remarcado los sindicatos.