Así, Armengol ha constatado que el anteproyecto de la nueva Ley de Urbanismo ha sido elaborado con la participación de 62 técnicos, juristas y con la implicación de las administraciones municipales.

De esta forma ha respondido al portavoz del grupo parlamentario El Pi, Jaume Font, quien ha criticado la falta de diálogo y consenso con los ayuntamientos de las Islas a la hora de elaborar dicho anteproyecto.

Cabe señalar, que el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, presentó hace hace unas semanas el anteproyecto de la nueva ley de urbanismo que sancionará y exigirá responsabilidad a los cargos públicos que permitan de forma continuada indisciplina urbanística -por ejemplo, si dejan caducar expedientes, dejan de sancionar una infracción, de ejecutar una demolición o no aplican una sentencia- y que también dejará sin efecto la amnistía a viviendas ilegales en suelo rústico.

Además, el anteproyecto introduce medidas de lucha contra la especulación -por ejemplo, con medidas correctoras que impidan plusvalías exageradas-, dará más competencias a las agencias de disciplina urbanística de los Consells Insulars, prohíbe los convenios de planeamientos urbanísticos -alegando que son fuente de conflicto y han dado lugar a indemnizaciones importantes- y crea una junta de expropiación autonómica.