La Audiencia de Valladolid ha condenado a una pena de dos años de prisión a la administradora de 'Matesanz Ortega S.L', María Nuria O.P, y a un año de cárcel a su hijo Sergio, accionista de esta mercantil, por un delito de apropiación indebida cometido finales de 2013 por desmantelar una explotación de porcino en Olmedo propiedad de 'Acompor Pigs S.L', a cuyo titular estaban obligados, por vía judicial, a devolver tras incumplir las condiciones del contrato de arrendamiento y compra futura de dichas instalaciones.

La sentencia de la Sección Segunda de lo Penal considera a madre e hijo autores de dicho delito, agravado por el valor de la defraudación, y, además de la pena de cárcel para ambos, incluye para la madre una multa de 1.680 euros y otra de 900 para su hijo, mientras que un tercer procesado, Jesús M.O, ha sido absuelto al no quedar probada su participación en los hechos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Además, los dos condenados habrán de indemnizar con más de 61.000 euros a la empresa perjudicada, 'Acompor Pigs S.L', con responsabilidad subsidiaria de 'Matesanz Ortega S.L'.

Los hechos tienen su origen en el contrato de arrendamiento y compra futura de una explotación de porcino suscrito entre la empresa 'Matesanz Ortega S.L' y la propietaria de las instalaciones, la citada 'Acompor Pigs S.L', en virtud del cual la primera, de la que era administradora María Nuria O.P, se comprometía a explotar la finca ubicada en el Camino de la Mejorada, en Olmedo, que estaba dedicada a la cría y aprovechamiento de ganado porcino.

Sin embargo, el contrato fue finalmente resuelto por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la mercantil arrendataria, según sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Medina del Campo, de fecha 22 de marzo de 2013, ratificada seis meses después por la Audiencia de Valladolid y que obligaba a 'Matesanz Ortega S.L' a abonar a la propiedad una importante suma de dinero y a desalojar las instalaciones.

Fue entonces cuando María Nuria O.P, ayudada por su hijo, se dedicaron, al menos desde el 12 de noviembre de ese año, a desmantelar las instalaciones de la finca y a llevarse el material en días sucesivos en vehículos de la familia o alquilados por el tercer acusado.

Así, incorporaron a su patrimonio materiales por importe superior a los 50.000 euros, entre los que figuran 504 boxes con sus separadores y comederos (14,112 euros), 384 rejillas madre (7.296 euros) y 204 jaulas parideras (12.272 euros), junto con un tractor valorado en 10.700 euros y dos minicargadoras por valor de 8.200 y 8.900 euros, respectivamente.

Debido a tal actuación, al efectuarse la diligencia judicial de lanzamiento el día 19 de diciembre de 2013, la sociedad propietaria de la finca se encontró con la desaparición de la mayor parte de los elementos y maquinaria de sus instalaciones.