Dos de los once acusados en el caso Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña, Gloria Torres y Philip Mc Mahan, han aceptado este lunes una pena de seis meses de cárcel por ayudar a ocultar comisiones ilegales percibidas por el exconsejero de Economía de la Generalitat Macià Alavedra.

Lo han hecho en la primera sesión del juicio que ha iniciado este lunes la Audiencia Nacional, tras un acuerdo con la fiscal para rebajar su pena. Esta pide penas de hasta ocho años de cárcel para los otros nueve acusados, entre ellos los exdirigentes de Convergencia Macià Alavedra y el exsecretario de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, ambos hombres de confianza del expresidente de Cataluña Jordi Pujol.

Ambos se enfrentan a una petición de la fiscal de seis años y diez meses de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco de esta trama de cobro de comisiones por adjudicaciones de obras en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona entre 2001 y 2009, con la que se habrían defraudado unos 45 millones de euros.

No obstante la fiscal ha ofrecido una rebaja en su petición de pena para Alavedra y Manuel Carrillo -para quien solicita tres años de cárcel por sobornar supuestamente al exalcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartolomé Muñoz- pero que la concretaría en la fase de conclusiones definitivas al final del juicio dependiendo del contenido de sus declaraciones.

Además, la rebaja de la petición de pena para Alavedra también estaría sujeta al pago de 10,3 millones euros de multa.

Los que ya han quedado eximidos de comparecer a la vista son Gloria Torres y Philip Mc Mahan, tras haber reconocido que contribuyeron en la "ocultación y reinversión" de cantidades millonarias que percibió Alavedra a través de un complejo entramado de sociedades opacas.

Ambos han aceptado el acuerdo de sus abogados defensores con la fiscal de ser condenados a seis meses de prisión con multas respectivamente de 315.000 euros, que la primera ya ha abonado, y de 2,6 millones de euros o arresto sustitutorio para el segundo.

Inicialmente la fiscal pedía para Philip Mc Mahan 3 años y medio de cárcel y para Gloria Torres 2 años y medio de prisión.

Los tres magistrados que conforman la Sala, presidida por Concepción Espejel, han rechazado las cuestiones previas por las que las defensas pidieron la nulidad de actuaciones del procedimiento al no apreciar que se hayan vulnerado derechos fundamentales en las escuchas telefónicas y al considerar que la Audiencia Nacional es competente para juzgar los hechos y que los mismos no han prescrito.

La mayoría de los abogados de los acusados han pedido a la Sala que sus representados puedan ausentarse del juicio en las sesiones "que no tengan conexión directa con su defensa" debido al coste económico que les supone trasladarse desde Cataluña hasta la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares (Madrid).

La Sala ha obligado a todos los acusados a asistir al juicio hasta el momento en el que todos presten declaración y luego irá resolviendo las peticiones concretas para ausentarse de la vista en función del desarrollo de la misma.

La fiscal, que se ha opuesto a las cuestiones previas planteadas por las defensas, ha rechazado también esta petición de no asistir de los acusados salvo en "algún momento puntual" que se pueda plantear por una razón justificada.

La abogada del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, Inés Portabella, que acusa a algunos procesados, ha coincidido con la fiscal en cuanto a que no se han vulnerado derechos fundamentales de los mismos pero sin embargo considera que el juicio debería celebrarse en la Audiencia Provincial de Barcelona tal como han alegado algunos abogados.

El juicio se reanudará este martes con las declaraciones de los acusados.

Entre los procesados se encuentran también el exdiputado catalán por el PSC Luis Andrés García "Luigi", considerado por la fiscal como el "facilitador" de la trama, además del exalcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartolomé Muñoz y el antiguo responsable del área de Urbanismo de este municipio Manuel Dobarco, ambos también del PSC.

La fiscal Ana Cuenca ha ofrecido este lunes una rebaja en la petición de pena al exconsejero de Economía de la Generalitat Maciá Alavedra y a otros tres acusados del juicio Pretoria si reconocen los hechos y pagan una multa.

Cuenca ha anunciado el acuerdo al tribunal de la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la primera sesión del juicio del caso Pretoria de corrupción urbanística, que operó entre 2001 y 2009 en los municipios catalanes de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras.

En el caso de Alavedra y de Manuel Carrillo, acusado de un delito de cohecho por presuntamente sobornar al alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartolomé Muñoz, la Fiscalía quiere que se les interrogue primero y dependiendo de su declaración se procedería a modificar la pena a la hora de elevar sus conclusiones a definitivas.

Además, la rebaja de la petición de pena para Alavedra -considerado hombre de confianza del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol- también estaría sujeta al pago de 10,3 millones euros de multa.

También le ha ofrecido un acuerdo la fiscal a Philip Mc Mahan y Gloria Torres, acusados de contribuir en "la ocultación y reinversión" de las comisiones ilegales que percibió Alavedra de la trama.

A Philip Mc Mahan le ha ofrecido una rebaja de 3 años y medio de cárcel a 6 meses y al pago de una multa de 2,6 millones de euros o arresto sustitutorio en el caso de impago; mientras que a Torres le ha ofrecido una disminución de 2 años y medio a 6 meses de cárcel y una multa de 315.000 euros, que ya pagó con anterioridad.

En virtud al acuerdo, la Fiscalía les acusaría de un delito de blanqueo de capitales pero no de un delito continuado, como les acusa en su escrito de conclusiones provisionales.

El juicio ha comenzado con casi una hora de retraso pese a la puntualidad de muchos de los acusados; algunos de ellos, como el considerado "facilitador" de la trama, Luis Andrés García "Luigi", ha llegado casi una hora y media antes del inicio.

Pese a que curiosamente este acusado ha olvidado su documentación, el juicio ha comenzado sin mayores problemas.

La fiscal también pide al tribunal que preside la magistrada Concepción Espejel que incluya una decena de conversaciones telefónicas de los líderes de la trama. Entre ellas destaca la mantenida entre Alavedra desde su propio teléfono móvil el 13 de julio de 2009 con el expresident de la Generalitat de Cataluña Artur Mas, y otra con el también expresident Jordi Pujol el 2 de julio de 2009.

En esta primera sesión de juicio que acoge la Audiencia Nacional también ha solicitado que se incorpore a la causa una documental consistente en una hoja Excel en la que se refleja cómo el bufete de abogados Pretus-- que da nombre a la operación-- creaba sociedades off shore para varios clientes, entre ellos Luis Andrés García, conocido como 'Luigi' y cabecilla de la trama. El documento recoge también información sobre la sociedad a través de la cual 'Luigi', que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel, percibió parte de las comisiones ilegales.

Además pide que se incorpore una documental relacionada con la actividad de la sociedad que utilizó Prenafeta, exsecretario de la Presidència en la Generalitat y hombre cercano al expresident Jordi Pujol, y su esposa María Luisa, también acusada en el caso y para la que la Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel.

Los abogados  del exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartolomé Muñoz, y de Luis Andrés García se han opuesto a que se incorporen las conversaciones telefónicas referidas anteriormente alegando quebranto de derechos fundamentales e invasión injustificada de su intimidad.

Este último ha añadido que es la Audiencia Provincial de Barcelona el órgano competente para juzgar a los encausados en detrimento de la Audiencia Nacional, donde se empezó a instruir la causa en el año 2009 por el entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 Baltasar Garzón.

El letrado de Alavedra y Prenafeta ha pedido por su parte que se declare prescrito el delito de blanqueo de capitales que se atribuye a este último por defraudar las cuotas tributarias del IRPF de los ejercicios 2001-2003. Además ha denunciado que se dictara auto de procedimiento abreviado incluyendo estos hechos sin que se hubiera tomado declaración al acusado y a su esposa Lluisa Mas informándoles de esta imputación.

El Ministerio Público sostiene que los acusados intervinieron en una serie de operaciones urbanísticas que les proporcionaron "cuantiosos e ilícitos beneficios carentes de toda justificación y lógica comercial" por tres operaciones.

Las actuaciones investigadas son la 'operación Pallaresa' de Santa Coloma de Gramenet, en la que participaron, entre otros, 'Luigi' y Dobarco; la 'operación Niesma de Sant Andreu de Llavaneres, en la que el exdiputado socialista compartió mediación con Alavedra y Prenafeta; y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona, con los mismos intermediarios.