Y es que después de que la empresa de alquiler de coches con conductor Cabify desembarcase en Sevilla el pasado mes de septiembre, los taxistas denuncian supuestas situaciones de "intrusismo" por parte de los conductores de esta empresa con licencia para vehículos de transporte concertado (VTC). Los conductores de Cabify, de su lado, denuncian sucesivos y repetidos casos de violencia o acoso en su contra, a cuenta de su actividad.

Todo ello, en un escenario en el que el sector hispalense del taxi está marcado por no pocas voces y alusiones a presuntos cobros abusivos, supuestas situaciones de violencia y el monopolio que un grupo de taxistas habría impuesto para hacerse con el control de la parada del aeropuerto de San Pablo, sujeta a una tarifa única con un precio de 22,2 o 24,75 euros.

Frente a estas problemáticas, el Ayuntamiento anunciaba que antes de que acabe febrero, serían aproximadamente 20 los agentes de la Policía Local destinados a su Servicio Especial de Transporte e Intrusismo (SETI) o asignados a las paradas de taxi del aeropuerto de San Pablo y la estación de trenes de Santa Justa, para "combatir el intrusismo, las conductas irregulares o los cobros abusivos". "Van a trabajar en uno y otro sentido", manifestaba recientemente el concejal de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera.