Durante su comparecencia, en la Comisión de Estudio del Régimen de Protección de la Lengua Asturiana, Cano se ha referido al cambio de estatus de la institución, después de que este año recibiera su presupuesto como una subvención del Gobierno autonómico, "como si fuéramos una entidad privada", ha explicado.

Concretamente, los presupuestos de 2017 recogen una cuantía de 207.000 euros, por encima de los más de 170.000 del año anterior, pero sin incluir el contrato de alquiler y los gastos de la sede. Otros años, era el Gobierno asturiano el que se encargaba de ellos, y su suma es similar al aumento presupuestario de este año.

Cano ha explicado que, según el Gobierno asturiano, el cambio del estatus de la partida presupuestaria se debe a un reparo de la intervención, y ha mantenido la negativa de la Academia a "firmar ningún contrato de arrendamiento". Ha afirmado que la situación de la Institución es crítica, y ha explicado que el Gobierno asturiano la ha citado para una nueva reunión sobre este asunto dentro de 15 días. Asegura que el Principado se ha comprometido a buscar un nuevo local y a tramitar una ley que desarrolle el estatus jurídico de la Academia.

Ha recalcado que la Academia no es una institución privada, y que la creó en su día el Gobierno preautonómico (Consejo Regional de Asturias). "Nuestros estatutos se aprobaron en la Junta General, y la identificación fiscal es dentro del Principado".

Según la presidenta de la Academia, "siempre funcionamos como un organismo del Principado y no entendemos por qué ahora se quiere pasar a una subvención, con lo que ello implica, lo que conlleva que pase a ser una institución privada", ha añadido. "No podemos asumir el personal que tenemos trabajando ni firmaremos ni un contrato de arrendamiento", ha recalcado.

ESPECIALIDAD

Cano ha criticado duramente la gestión del Gobierno asturiano, que, a su juicio, "a penas" está dando pasos en favor de la normalización del asturiano desde que comenzó la legislatura. Ha dedicado tiempo a hablar de la negociación del Ejecutivo autonómico para lograr reconocimiento de especialidad docente.

Considera "imposible" que si el Gobierno del Principado habla con Madrid "no se pueda modificar un decreto de especialidades". En su opinión, para el Gobierno del estado el reconocimiento de la especialidad es "pecata minuta", y ha dado a entender que si no se toma la decisión es porque desde Oviedo no se está defendiendo "con decisión".