La comisión adoptó el 25 de enero este acuerdo que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dos días después de que Gobierno de Cantabria anunciara el en Parlamento que defenderá la conocida como 'ley de realojos' en la Comisión Bilateral con el Estado para "intentar evitar" el recurso de inconstitucionalidad, e instara a los grupos parlamentarios proponentes de la norma (PP, Podemos y Ciudadanos) a elaborar una proposición de ley que elimine la parte que genera dudas al Ejecutivo central, que es "mínima y muy reducida", para evitar la suspensión, algo que éstos se han mostrado abiertos a hacer.

En el Pleno del Parlamento de este lunes el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha vuelto a confirmar, tal y como ya había avanzado el Ejecutivo el mes pasado, que el Gobierno defenderá la constitucionalidad de esta norma, que, en realidad, fue una modificación de la actual Ley del Suelo para regular el derecho al realojo y al retorno de los afectados en procesos urbanísticos que requieran dejar su vivienda.

Según el Gobierno de Cantabria, las "discrepancias" respecto a la constitucionalidad se refieren exclusivamente al apartado 4 de la nueva redacción de la Disposición Adicional Octava, por la presunta invasión de competencias del Estado en materia de Derecho Civil.

El titular de Presidencia ha explicado que este apartado hace alusión al derecho de adquisición preferente de las viviendas por parte de la Administración, algo que no tiene "incidencia" en la garantía del derecho al realojo, que es lo que pretendía asegurar la norma, una visión en la que han coincidido los grupos proponentes de la 'ley de realojos'.

Aunque tanto PP, como Podemos y Ciudadanos se han mostrado abiertos a suprimir este apartado para evitar la presentación del recurso de incostitucionalidad y con él la suspensión de la norma y, por tanto, la garantía al realojo y retorno de los afectados, populares y podemitas han pedido al Ejecutivo que intente defender en un primer momento la ley como actualmente está dado que los servicios jurídicos del Ejecutivo consideran que es constitucional.

La modificación de la actual Ley del Suelo de Cantabria fue aprobada por el Parlamento regional el pasado 24 de octubre con el objetivo de garantizar el derecho de retorno y realojo de afectados en procesos urbanísticos.

Ya, entonces, el Gobierno autonómico anunció que defendería la constitucionalidad de la modificación llevada a cabo.

El procedimiento se puso en marcha por iniciativa del Gobierno de España ante las dudas trasladadas a iniciativa del Ministerio de Justicia sobre invasión del ámbito competencial del Estado.

Tras la propuesta del Gobierno central de reunir a la comisión bilateral para evitar la presentación del recurso de inconstitucionalidad, la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, acordaron poner en marcha el grupo de trabajo para tratar de buscar una solución que evite terminar en el Tribunal Constitucional y solventar las diferencias en torno al texto.