Un imputado en el caso de La Zerrichera, nombrado gerente de Urbanismo de Lorca

  • Manuel Alfonso Guerrero fue ex director general de Vivienda y Urbanismo.
  • PSOE e IU han criticado duramente el nombramiento.
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El ex director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo del Gobierno regional, Manuel Alfonso Guerrero, imputado por el escándalo urbanístico de La Zerrichera, juró hoy su cargo como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, y dijo no querer valorar las críticas que ha despertado su nombramiento.

Guerrero tomó posesión de su cargo en un acto presidido por el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, que se celebró en la alcaldía de protocolo del consistorio con representantes del equipo de Gobierno y técnicos de la Gerencia de Urbanismo y con ausencia de miembros de PSOE e IU, que en las últimas horas han criticado este nombramiento y votado en contra del mismo.

Jódar reconoció durante el acto que la designación de Guerrero "ha sido polémica" y reiteró sus argumentos de apoyo al nuevo gerente, al que dijo "conocer bien y poder avalar sus capacidades y su calidad humana", al tiempo que afirmó estar convencido de que "cumplirá con los objetivos le han sido encomendados".

Tras tomar posesión, Guerrero dijo a los periodistas no querer valorar las críticas de PSOE e IU sobre su nombramiento y explicó que durante su trayectoria profesional siempre ha procurado "colaborar con este municipio desde mis distintas responsabilidades y a partir de hoy todo mi esfuerzo, mi dedicación y mi ilusión irá destinada a trabajar por y para Lorca".

"Sobre el resto de manifestaciones que se hayan podido verter sobre mi persona", continuó Guerrero, "no voy a decir nada en este momento porque el tiempo, sin duda, quitará la razón a aquellos que lo manifestaron".

Guerrero abundó en que sus "retos inmediatos" son la aprobación definitiva del Plan Urbano de Lorca en los sectores de la zona litoral que aún están suspendidos y el desarrollo del proyecto de urbanismo residencial de Marina de Cope, que comparte el Ayuntamiento de Lorca con el de Águilas.

Tras su toma de posesión será contratado de forma eventual como funcionario con dedicación exclusiva al cargo por el que percibirá emolumentos anuales que suman más de 72.000 euros, aspecto que junto a su imputación en el caso La Zerrichera ha despertado las principales críticas de la oposición.

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