En un comunicado, Vioque ha rechazado así las críticas vertidas por la parlamentaria de IU en Córdoba Elena Cortés y ha asegurado que "lo realmente intolerable es manipular y mentir y hablar de desahucios cuando se trata de una ocupación ilegal, además de alentar y defender el incumplimiento de la ley y fomentar la patada en la puerta como fórmula de acceso a una vivienda, máxime cuando viene de quien ha sido la responsable de Vivienda en un gobierno y debe saber lo importante que es el respetar y cumplir las normas y leyes a las que estamos sujetos todos".

Según la delegada, "la Administración autonómica no puede tolerar ilegalidades y una medida de fuerza como es una ocupación ilegal no puede poner a unas familias por delante de otras en el derecho a una vivienda, no estamos dispuestos a incumplir los mandatos ni órdenes judiciales que se traducen en autos de recuperación de viviendas que han sido ocupadas incumpliendo los procedimientos legales, porque una administración tiene que cumplir y hacer cumplir la ley y porque además, tiene la obligación de preservar el derecho de otras muchas familias cordobesas que, teniendo necesidad de vivienda pública, respetan rigurosamente la ley y los proceso legales, teniendo tanto derecho y necesidad de vivienda unas como otras".

La delegada ha recordado a Elena Cortés que "IU en el Ayuntamiento, que tiene la obligación de prestar la asistencia desde los Servicios Sociales municipales, al igual que la Delegación Municipal de Vivienda, no colaboran como debieran hacerlo cuando lo reclama la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, además de olvidar que es el registro municipal de demandantes de vivienda el que legalmente regula los criterios de acceso a una vivienda y no su ocupación ilegal".

AVRA se ha dirigido siempre a los Servicios Sociales del Ayuntamiento y al Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, con el fin de requerir su colaboración y a los Servicios Sociales se les solicita el informe socioeconómico de las familias que ocupan las viviendas, a fin de conocer su situación real, y al Registro se le consulta si los ocupantes son solicitantes de vivienda, si lo son y están en riesgo de exclusión, es el Registro Municipal el que debe declarar esa situación excepcional, para que se busque solución habitacional a la familia afectada, según el proceso legalmente establecido.

"Sin embargo, ninguna de las peticiones de colaboración ha obtenido respuesta, por lo que es lamentable que Izquierda Unida critique a AVRA cuando está dejando desamparadas a las familias que por decisión judicial tienen que dejar las viviendas que habían ocupado de forma ilegal", ha concluido la delegada.