La ex secretaria municipal del Ayuntamiento de Gijón, Dora Alonso, ha alabado este lunes la actuación del ex gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) Luis Alemany, que está siendo juzgado por supuestas irregularidades en la contratación de la sociedad municipal. "Jamás, jamás hacía nada en contra de la voluntad de los servicios jurídicos del Ayuntamiento", ha asegurado Alonso respecto a Alemany. "Se limitaba a firmar", ha asegurado.

Así lo ha indicado en la tercera sesión del juicio contra el ex gerente y la ex presidente de la EMA, Luis Alemany y Dulce Gallego, respectivamente, acusados de un delito de prevaricación y de otro de fraudes y exacciones ilegales. Junto a ellos se juzga a tres personas más, el administrador de Suymcoplas y dos apoderados de Aldesa. La Fiscalía pide para Alemany y Gallego dos años de cárcel para cada uno.

Alonso ha insistido en que Alemany era un funcionario "correcto y escueto", no solo eso, ha añadido que era un funcionario "al estilo tradicional, muy profesional y muy inteligente". Ha defendido además, la legalidad del pliego de condiciones del contrato marco. Ha testificado, además, que la presión social en la ciudad era muy importante y había una necesidad de buscar soluciones rápidas", al ser preguntada por el tipo de obras asignadas al mismo. La necesidad estribaba también, según ella, en que personal de la EMA no pudiera hacer una obra en un tiempo

en el que no se podría hacer tampoco si se licitara.

La ex secretaria, que fue cesada de su puesto en mayo de 2013 por la alcaldesa pero sigue trabajando como funcionaria en el Ayuntamiento, ha señalado que este tipo de contratos marco se hacen incluso hoy día también en otras áreas municipales, en los que las obras encargadas con base al mismo pueden superar los 50.000 euros.

"EL PLIEGO ES LA LEY"

"El pliego es la ley, lo que el pliego no prohíbe se puede hacer", ha explicado del pliego de condiciones que rige el contrato. En este caso en concentro, ha apuntado que, dentro de sus competencias, no observó "ninguna irregularidad"

En el juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, ha declarado también el ex interventor municipal del Ayuntamiento de Gijón, Juan Salas, que se jubiló a finales de 2015. Este ha señalado que no realizó ningún control "exhaustivo" sobre este contrato, formalizado en 2009, ni de la empresa hasta finales de 2012, cuando se detectó que se había excedido el presupuesto del mismo y por eso se recomendó que era obligado sacarlo de nuevo a licitación.

Sí que ha señalado que no había una limitación parcial económica a la hora de las obras encargadas, aunque había una plurianualidad en función del presupuesto total. Ha indicado, además, que con estos contratos marco no se trata de fraccionar y vulnerar la Ley, sino que se hacen para garantizar el funcionamiento de la empresa. Ha puesto el ejemplo del contrato de mantenimiento viario, de similares características, y otros que se hacen en el Ayuntamiento.

Salas ha apuntado también que no tiene sensación de que hubiera habido mala gestión en la EMA, aunque ha matizado que si llega a saber los excesos producidos en el presupuesto de este contrato lo hubieran advertido. "No nos hubiésemos callado", ha recalcado respecto al servicio de Intervención Municipal. Dicho esto, ha remarcado que los órganos de Dirección deberían velar porque no se superara el presupuesto. Por otro lado, ha indicado que aunque las prórrogas de los contratos se solían llevar al Consejo de Administración de la empresa municipal, no es obligatorio legalmente.

VIGILANCIA "A PIE DE OBRA"

En la vista oral ha testificado también el socio en Suymcoplas de uno de los acusados, que se encargaba de la parte técnica de la empresa. Este ha justificado que se les diera más obra a ellos porque tenían más plantilla y maquinaria y podían responder más rápido cuando la EMA lo requería que Aldesa, además de contar con personal especializado.

Ha negado, además, que facturaran trabajos no hechos y ha recalcado que "nunca" tuvieron que repetir una obra por mala ejecución. Según él, los capataces o vigilantes de la EMA controlaban la ejecución de los trabajos "a pie de obra". Asimismo, ha apuntado que lo facturado a la EMA suponía aproximadamente un 80 por ciento del volumen contratado a Suymcoplas.

Este también ha asegurado que desconocía que había un límite de dinero en el contrato y ha justificado la facturación de una hora de peón y dos de camión en algunas obras al ser el remate de obras iniciadas por la EMA y que incluían el traslado de deshechos y recogida de vallas.

ACUSACIÓN FISCAL

Cabe recordar que, de acuerdo al relato fiscal, entre el año 2009 y el año 2012, la EMA contrató de forma directa, obviando el procedimiento específico de Publicidad, pliego de prescripciones o condiciones económico-administrativas y técnicas que rige La ley de Contratos del Sector Publico, por la que se regula la EMA.

En el periodo señalado, la contratación se llevó a cabo pese a que el gerente de la EMA, y la presidenta, la acusada, conocían que se vulneraba el procedimiento legal, siendo beneficiario de las adjudicaciones la empresa Suymcoplas. Según la Fiscalía, dentro del precio del contrato, Suymcoplas facturó por encima del precio del contrato de 2010 a 2012 por una suma total de 2.514.980,33 euros, siendo el total de sobrecostes de 3.105.632,50 euros.

Por otro lado, los ex responsables de la EMA procesados contrataron de igual forma, conforme al contrato marco del 18 de febrero de 2009, la realización de obras con la empresa Aldesa, cuyos delegados están acusados también. Ambos se encargaban de la gestión de la empresa.

En este sentido y durante el periodo citado, la empresa Aldesa aumentó los precios de las facturas, que aceptaron los acusados responsables de la empresa, con el consiguiente perjuicio para la empresa pública, ascendiendo los sobrecostes a 327.623,57 euros.