Las quejas a la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, relacionadas con el turismo se multiplicaron por cuatro el año pasado en relación al anterior. Hubo un total de 123 en 2016, mientras que en 2015 se contabilizaron 28.

Así lo ha señalado este lunes Vilà en la presentación del informe anual de quejas 2016, que muestra que de las 123 por el turismo, 108 fueron por estar en desacuerdo con la campaña municipal que invitaba a los ciudadanos a denunciar los pisos turísticos ilegales que detectaran. Las personas que se quejaron consideran que la iniciativa supone una vulneración del derecho a la intimidad y que ha generado falsas denuncias y desconfianza entre los vecinos.

"A mí no me parece mal pedir la colaboración de la ciudadanía", ha apuntado, sin embargo, la Síndica, que no ha descartado la posibilidad de que entre los denunciantes se encuentren propietarios de apartamentos turísticos sin licencia.

A lo largo de 2016 Vilà realizó 3.344 actuaciones, de las que 1.735 fueron por consultas y 1.609, por quejas, un 4,4% más que en 2015 (1.541).

El informe también refleja que las reclamaciones relacionadas con la vivienda crecieron de 95 en 2015 a 137 en 2016, ante lo que la Síndica ha subrayado la necesidad de "limitar el precio del alquiler". Ha remarcado que hacerlo se escapa del ámbito competencial del Ayuntamiento pero que los responsables municipales deben acudir a la Generalitat y al Estado.

Además, ha avisado de que el coste de los alquileres está aumentando en parte por los pisos turísticos, lo que provoca la "expulsión" de vecinos.

En cuanto a los servicios sociales, las quejas fueron 150 el año pasado, 22 más que en 2015. Vilà atendió casos vinculados a la atención a ancianos, a la ley de dependencia, a menores extranjeros sin referentes familiares y a demandas de servicios básicos, entre otros, y ha expresado su preocupación por la sobrecarga de los centros municipales que trabajan en este ámbito.

Por otro lado, ha reclamado una ampliación de la plantilla de la Guardia Urbana, pues aunque en 2016 atendió menos quejas relacionadas con la seguridad que en 2015 (64 frente a 100), ha afirmado que muchas fueron de vecinos porque los agentes no acudieron cuando les llamaron por altercados.

La Síndica ha citado un caso "muy lamentable" en el que vecinos alertaron al teléfono de emergencias 112 de que una mujer estaba siendo agredida al salir de su casa pero no se presentó la Guardia Urbana, caso sobre el que pidió información y ante el que aseguraron que había habido un error en la llamada, respuesta que Vilà estudia si es suficiente.

También en relación con el ámbito de la seguridad, la defensora del pueblo ha abogado por modificar la Ordenanza de Convivencia para que no criminalice a los colectivos más vulnerables -ha citado a niños que juegan en la calle, a personas 'sin hogar' y a prostitutas-, y ha planteado sustituirla por un código de buenas prácticas y hacer pedagogía en lugar de sancionar al primer aviso.

"No se les debe multar de entrada, y con multas absolutamente desproporcionadas", ha aseverado Vilà, quien ha defendido excluir de la responsabilidad infractora a los menores de 14 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil que puedan tener sus padres o tutores.

El ámbito del transporte público y la circulación es el que generó más quejas en 2016, 232, aunque estas fueron 16 menos que el año anterior (248). Las más habituales se debieron a la disconformidad por la penalización económica que se cobra por viajar sin billete. En este sentido, la Síndica ha recomendado que "en el marco de perseguir el fraude en el transporte público se incida en la diferenciación del que es intencionado del que no lo es".

El informe anual de la defensora del pueblo refleja, asimismo, que los ciudadanos presentaron 20 quejas relacionadas con la accesibilidad en 2016 (56 en 2015), ante lo que la Síndica ha pedido al Ayuntamiento alentar a la Generalitat a hacer accesibles todas las estaciones de metro, pues ha señalado que algunas, como las de Plaça de Sants, Plaça Espanya y Urquinaona, no están adaptadas para las personas con discapacidades. Vilà también ha reclamado garantizar la accesibilidad en todas las escuelas y edificios de servicios, así como más zonas de juego para menores discapacitados.

En cuanto a las quejas que hicieron referencia al uso y al mantenimiento del espacio público, sumaron 48 en 2016, dos menos que en 2015, y algunas de ellas fueron por molestias por ruido en horas nocturnas. Por este motivo, la Síndica ha considerado que "hace falta una reflexión sobre una posible regulación de los requisitos de emplazamiento en zona urbana de las actividades musicales" con más de 80 decibelios.

El informe anual muestra que Vilà también recibió el año pasado 152 quejas por medio ambiente; 97, por hacienda municipal; 95, por urbanismo; 66, por procedimientos administrativos; 63, por educación, cultura y deporte; 44, por atención, comunicación y participación; 35, por la función pública; 35, por salud; y 32 por ciudadanía, vecindario e inmigración.

Sant Martí fue el distrito de donde procedieron más reclamaciones (226), seguido del Eixample (218) y Ciutat Vella (199). Los que generaron menos quejas fueron Les Corts (68) y Sarrià-Sant Gervasi (92).

Los principales órganos municipales afectados por las quejas fueron el Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad (213) y el Instituto Municipal de Hacienda (169).