La propuesta declara este tipo de matrimonio "una manifestación de discriminación y vulneración de los derechos fundamentales contra las mujeres y niñas".

Según la diputada socialista Sílvia Cano, este tipo de unión "puede contribuir a insertar y reforzar a las niñas y mujeres en ciclo de pobreza y desprotección, la mayoría expuestas a la violencia, el abuso y a las relaciones sexuales forzosas".

Según ha indicado el PSIB en una nota de prensa, se calcula que en todo el mundo cada año 14 millones de niñas son obligadas a formar un matrimonio forzado, y según ha explicado Cano, las motivaciones pueden ser múltiples: reforzar vínculos familiares, económicos, culturales, religiosos o incluso explotación sexual o laboral.

Por ello, la proposición aprobada este jueves rechaza "cualquier iniciativa que suponga una disminución" en los derechos de las víctimas, ha defendido la diputada socialista.

En esta línea, el PSIB ha apostado por "trabajar con el núcleo familiar antes de que la boda se materialice y si se producen estos casos, poner todos los recursos de la administración al alcance de las víctimas".

Como medidas concretas para paliar esta situación, a través de la aprobación de esta propuesta el Parlament reclama al Gobierno "que impulse las medidas legislativas oportunas para permitir la protección judicial efectiva en el caso de los matrimonios forzados, con el fin de proteger a las víctimas", además de desarrollar acciones contra el matrimonio forzado dentro del Plan Integral de Lucha Contra la Trata de Mujeres.

En cuanto al ámbito autonómico, la Comisión ha acordado pedir al Govern que trabaje con entidades feministas y pro-derechos humanos para prevenir estos matrimonios, y a reforzar la aplicación de las perspectivas de género y de la infancia en el Plan Director de

Cooperación de Baleares 2016-2019.

Finalmente, también pide dar a conocer los recursos de la Ley de Igualdad para combatir situaciones de vulneración de derechos de mujeres y niñas.

Por otra parte, la Comisión de Asuntos Sociales también ha acordado, por asentimiento, la comparecencia del nuevo director de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor, para que exponga sus líneas estratégicas para el organismo.