Such se ha manifestado en estos términos en las Corts durante su intervención en la comisión especial de investigación para el estudio del proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes, en concreto en los centros del grupo Savia, formado por una decena de empresas entre las que figuran Lubasa o Sedesa -propiedad de la familia Cotino-, además del empresario Enrique Ortiz.

La exconsellera, que sustentó el cargo en el Gobierno de Francisco Camps desde agosto de 2009 a julio de 2011, ha señalado, ha iniciado su comparecencia disculpándose por si no podía contestar "porque no se acuerda" de algún tema o por no haber podido acceder a cierta documentación.

Preguntada por el diputado de Podemos César Jiménez, quien ha considerado que el conocido como modelo Cotino de residencias fue "lesivo" para los valencianos y ha planteado sobre quién recaía la "responsabilidad última" en las actas de inspección, Such ha indicado que la subsecretaria de Dependencia era la responsable, al tiempo que ha precisado que la Inspección de la Generalitat "funcionaba de manera autónoma".

"Yo no pretendo quitarme responsabilidades", ha destacado la exconsellera, quien ha agregado que la Inspección "estaba servida por muy buenos profesionales, entonces y ahora", por lo que se ha mostrado convencida de "la responsabilidad y el buen hacer de ellos" -los funcionarios-, que "irían a la residencia donde se habría detectado una irregularidad", ha puntualizado al ser inquirida por problemas detectados en residencias en Xàtiva o Carlet.

"RESPONSABILIDAD ABSOLUTA" EN LA CONSELLERIA

Cuestionada por el parlamentario de Ciudadanos David de Migel sobre el "control" del exvicepresidente social Juan Cotino en la Conselleria, Such ha respondido que a su llegada al departamento se le dio "la responsabilidad absoluta", por lo que el exconseller de Bienestar Social no ejerció ningún control tras su marcha.

Respecto a la declaración de bienes de Cotino publicada en 2010, en la que según De Miguel hizo una ampliación de capital para explotar residencias siendo vicepresidente social, Such ha señalado que no tuvo "curiosidad de revisar la declaración de bienes de Cotino ni la de ningún compañero", al tiempo que ha afirmado desconocer que tuviera participaciones en centros de la tercera edad. "Ni lo conozco ahora ni entonces", ha manifestado.

La diputada de Compromís Mónica Álvaro ha preguntado a la exconsellera por las noticias publicadas en prensa en las que se hablaba del aumento de ingresos de Savia durante los años en que Cotino estuvo al frente de la Conselleria, a lo que ha respondido que "cuando uno está en un conselleria y aparece en prensa una noticia de este tipo claro que uno pregunta, y además se ve como están las cosas".

No obstante, ha subrayado que durante su estancia en este departamento se preocupó de si las plazas estaban ocupadas y de si hacían falta. "Qué dinero hay y qué hace falta para atender al usuarios", ha añadido Such, quien inquirida por incumplimientos en los plazos de puesta en marcha de las residencias, ha remarcado que "la Inspección era la que llevaba su curso y la que ponía las sanciones que consideraba".

"LA CHIQUILLA ESA"

"Había unas plazas ocupadas dentro del plan de accesibilidad, otras que gestionaba el tercer sector y otras los ayuntamientos", ha explicado, al tiempo que ha indicado que la Conselleria publicó un decreto que determinaba la libertad de elección del usuario, lo que conllevó "ciertas discrepancias" con gente que llevaba las residencias.

Cuestionada por Álvaro por ciertas grabaciones publicadas en 2014 en las que Enrique Ortiz y el sobrino de Cotino se refieren a Such como "la chiquilla esa", la exconsellera ha asegurado: "Me acabo de enterar de lo de chiquilla, eso será por mi edad; igual es que no soy yo".

"NO RECIBÍ NINGUNA PRESIÓN"

Respecto a la licitación de 1.800 plazas sin publicidad durante su estancia en la Conselleria de Bienestar Social por la que le ha preguntado la socialista Concha Andrés, ha respondido que se trataba de un "procedimiento negociado sin publicidad", que "es el que hay que seguir para respetar la cláusula de exclusividad". "Esos procedimientos que firmábamos, creo que cada seis meses, tenían el informe jurídico favorable", ha aseverado.

Además, inquirida por si conocía que la familia Cotino era adjudicataria del 40 por ciento de las plazas de Savia, ha contestado que "no" y que "los adjudicatarios eran unas empresas que se presentaron a un concurso y tenían todos los informes jurídicos preceptivos".

"NO HUBO TRATO DE FAVOR"

Por su parte, la diputada 'popular' Blanca Garrigues le ha preguntado sobre las sanciones aplicadas al grupo Savia durante su mandato al frente de la Conselleria, a lo que Such ha respondido que desconoce si se sancionó a residencia de este grupo y que la "prioridad" era aplicar la Ley de Dependencia, que entonces era muy reciente, y que las personas tuvieran la prestación que necesitaban.

"No he tenido ninguna presión en ningún momento de nadie", ha reiterado Such, quien ha remarcado que "por su puesto que no hubo ningún trato de favor ni presión; intentamos dejar las cosas un poquito mejor", ha apostillado.