Censuran en un comunicado que Nieto alegue que "desde la Policía Nacional se ordenó detener de forma indiscriminada", algo que según sostienen "denota un absoluto desconocimiento de la legalidad vigente y pone en duda el intachable funcionamiento del Cuerpo Nacional de Policía", que practica todas sus actuaciones bajo la tutela de la autoridad judicial.

Es por ello, según recuerdan, que los registros domiciliarios se realizan en presencia del propietario de la vivienda, el detenido o su representante legal, o de testigos si no fuese posible su presencia, siempre supervisados por el secretario judicial desplazado al lugar, que levanta acta de las actuaciones se practican.

El SUP ha mostrado su preocupación por el hecho de que Nieto -que fue detenida junto al entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado, funcionarios y empresarios- manifieste públicamente que "tiene miedo de que por parte de la Policía Nacional se le pueda introducir material pedófilo, de tráfico de armas o terrorismo" y le ha pedido respeto y una rectificación pública.

El SUP anuncia que estudiará responder legalmente a estas y futuras declaraciones en caso de que pudiesen ser constitutivas de delito, ya que el derecho de defensa de un imputado, advierten, "no puede vulnerar el honor y el buen hacer de los funcionarios de la Policía Nacional".