Según reza en la sentencia, alcanzada tras una conformidad de las partes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha acordado suspender por cinco años la ejecución de las penas impuestas, condicionadas a no delinquir durante este periodo y a abonar el importe fijado como responsabilidad civil, que supera los 10.700 euros a pagar a los damnificados en distintas cantidades.

En concreto, los acusados se apoderaron con ánimo de lucro ilícito de cantidades entre los 400 euros a los 13.000 y llegaron a estafar a ocho personas.

A su vez, el juez le aplica la atenuante de dilaciones indebidas y considera como hechos probados que ambos condenados, sin antecedentes penales computables, abrieron la clínica habiendo solicitado para ello licencia de apertura al Ayuntamiento sin que le fuera concedida al no atenderse los requerimientos efectuados por la administración.

No obstante entró en funcionamiento la citada clínica procediendo los condenados a la captación de clientes a quienes ofrecían tratamientos dentales sin tener la intención de efectuarlos o, en su caso, de completarlos al carecer de fondos propios y de financiación necesaria para el desarrollo de su actividad.

Todo ello dado que, por un lado, todos los efectos y máquinas fueron suministrados por una entidad, a través de una operación de leasing por importe de 50.000 euros y, por otra parte, no hicieron efectivos los salarios de los trabajadores contratados.

Los condenados, prosigue la sentencia, fingiendo una solvencia de la que carecían para cumplir con sus compromisos con los clientes, lograban de éstos la aceptación a los presupuestos por sus tratamientos dentales así como que aceptasen la financiación que ellos mismos les proponían a través de otra entidad, que procedía a abonar la totalidad del préstamo a la citada clínica pasando a cobro por domicialización bancarias a los clientes las correspondientes cuotas mensuales.

Tras todo ello, la clínica cerró sus puertas en enero de 2009 intentando trasladar los efectos y material médico a Madrid, lo que no fue posible por la intervención policial. Unos meses después, en abril de ese año, ambos fueron detenidos en Madrid, tras recibir la Policía Nacional una decena de denuncias por esta estafa.

Algunos de los estafados hicieron pagos en metálico y otros financiaron la operación en plazos mensuales, sin que diera comienzo el tratamiento en muchos casos o fueran interrumpidos, tras alegar los acusados falta de financiación, de materiales o enfermedad del doctor, entre otras excusas. En un principio, al Fiscalía solicitaba hasta tres años de prisión, pero finalmente, y tras conformarse, estas dos personas han sido condenadas a un año y al pago de más de 10.700 euros como responsabilidad civil.