Los testigos del juicio a tres exresponsables de la Fundació Catalunya i Territori acusados de desviar fondos a Unió han confirmado este lunes las sospechas de la Fiscalía de que la trama operó a través de sociedades pantallas gestionadas por meros testaferros.

En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona se ha reanudado este lunes el juicio contra los exresponsables de la Fundació Catalunya i Territori que afrontan penas de hasta quince años de cárcel por estafar a bancos a través de un conglomerado de empresas con el que presuntamente también desviaron 200.000 euros a la formación democristiana.

En la segunda sesión del juicio, que se prolongará durante semanas, han declarado como testigos cuatro de los administradores de esas presuntas empresas "pantalla" que, según mantiene la Fiscalía, sirvieron al conglomerado IMS que controlaban los acusados para crear una "pelota financiera" con la que funcionaron entre los años 2003 y 2007.

Los administradores, que tenían a su nombre de tres a cuatro empresas distintas, han reconocido que aceptaron abrir esas firmas a propuesta de los responsables de IMS con el compromiso de poder obtener en el futuro las licencias a los productos informáticos que dicho grupo empresarial estaba, al parecer, desarrollando.

Los testigos han coincidido en que sus empresas carecían de personal y de actividad real y que ellos se limitaban a firmar anualmente las cuentas económicas de sus sociedades que les hacían llegar los responsables del conglomerado IMS, quienes, han añadido, eran los que realmente gestionaban las operaciones de sus compañías.

De hecho, uno de los administradores ha explicado que advirtió que su firma había sido falsificada en una de esas cuentas anuales, lo que motivó que pidiera a los responsables del IMS que le dieran de baja de las empresas que tenía a su nombre, algo que tardó dos años en conseguir, requiriendo para ello la asistencia jurídica de un abogado.

Los administradores han reconocido también que IMS les giraba recibos que, después, el mismo conglomerado se encargaba de pagar a través de las supuestas empresas pantallas, lo que avala las sospechas de las acusaciones de que utilizaron a sociedades instrumentales con la única función de permitir la presunta estafa.

Según mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación, los responsables de la Fundació Catalunya y Territori solicitaron la apertura de líneas de crédito a nombre de las sociedades que controlaban, con las que descontaron miles de facturas falsas emitidas por las firmas presuntamente administradas por testaferros.

El ministerio público cree que los acusados iban tapando los descubiertos de unos bancos con lo que obtenían en otros, al tiempo que solicitaban ampliaciones de crédito, hasta generar una "pelota financiera".

Al margen de esos presuntos fraudes financieros, la Fiscalía acusa a los responsables del IMS de haber desviado fondos a UDC al pagar, con dinero de la Fundació Catalunya i Territori nutrida de aportaciones de particulares, media docena de facturas que la formación debía a la empresa Kontrast por la organización de eventos, que ascendían a casi 116.500 euros.

El desvío de fondos que denuncia el fiscal se perpetró también mediante la condonación de las cuotas de alquiler por unos locales que Unió tenía arrendados a su fundación afín en Tarragona, Lleida y Tàrrega (Lleida) y por la posterior venta de esos inmuebles a la formación democristiana a un precio inferior al del mercado.

Cuando la instrucción del caso estaba próxima a su fin, UDC pagó a la Fundación 160.000 euros pendientes por la compraventa de los locales y otros 35.700 por los alquileres dejados de abonar desde 2005, aunque la Fiscalía sigue reclamando a la formación -actualmente en concurso de acreedores- otros 61.500 euros que en su opinión faltarían para enjugar la deuda.