Esta resolución proviene de una queja elevada por el grupo socialista de la localidad en la que solicitaba que se anulara el citado acuerdo por el que fueron designados vocales un representante del grupo independiente ICAR y otro del PP, así como que se adoptara uno nuevo en el que "se respetara la proporcionalidad del resultado electoral nombrando vocales a los representantes de las fuerzas mayoritarias del pleno, PSOE e ICAR", teniendo en cuenta que el PSOE fue la fuerza más votada en las últimas elecciones municipales.

Al respecto, según reza en la resolución del Defensor del Pueblo, consultado por Europa Press, al constar acreditado "el incumplimiento del citado precepto estatutario y de los legales, así como de la doctrina sobre los criterios de proporcionalidad en la designación de representantes" pese a, su posterior anulación en sede plenaria igualmente sin que finalmente se designara a nadie del PSOE, "merece el reproche de cualquier institución de control de la actividad político administrativa de gobierno local".

Por ello, le recomienda "respetar escrupulosamente las disposiciones legales vigentes que garantizan la efectividad del principio de participación en los asuntos públicos reconocido en el art. 23 de la Constitución Española".

A juicio de los socialistas, este acuerdo "incumple los estatutos" de la mancomunidad, así como el adoptado en el pleno, que incumplía a su vez el artículo 67 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía (Laula), que establece que los estatutos de una mancomunidad "garantizarán que la composición del órgano de representación municipal asegure la presencia de miembros electos de todos los municipios, sin que ninguno pueda ostentar la mayoría absoluta", así como que "los representantes en el órgano citado se designarán, por cada municipio, de forma proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones locales".

ELEVADO A LA JUNTA

A su vez, este hecho fue advertido por escrito por el grupo socialista pero "no fue atendido" en la citada sesión plenaria y fue denunciado ante la Consejería de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación en Huelva, la cual también presentó requerimiento de anulación del citado acuerdo al considerar que "no se han respetado las reglas de proporcionalidad que imponen la norma legales descritas, y específicamente en los estatutos de la mancomunidad".

Cabe recordar que el pasado mes de mayo el pleno del Ayuntamiento de Cartaya aprobó la separación voluntaria de la citada mancomunidad por motivos económicos, con el voto favorable del equipo de gobierno, el voto en contra del grupo municipal socialista y la abstención de IU.

La decisión, según explicó el alcalde, Juan Miguel Polo, la toma el equipo de gobierno después de solicitar "sin éxito" el sistema de voto ponderado y valorar los beneficios y perjuicios que aporta. Cartaya, ha señalado el alcalde en una nota, "representa el 52 por ciento en Beturia", y conforme a este porcentaje, "abona puntualmente la cuantía económica que le corresponde, pero luego eso no se traduce en poder decisorio".