El Gobierno ha tenido que rascarse el bolsillo más de lo que esperaba en un principio, pero ya ha conseguido el respaldo necesario para sacar adelante el paquete de ayudas a la natalidad conocido como 'cheque-bebé'.

De los 2.500 euros iniciales se ha pasado a una aportación final de 3.500 euros por hijo nacido en casos especiales, así como la universalización de las guarderías públicas para niños hasta los 3 años de edad. Estos cambios se han realizado en virtud a pactos con ERC e IU.

Lo que no ha salido adelante ha sido una enmienda presentada por José Antonio Labordeta, diputado de la Chunta Aragonesista, en pleno debate. El carismático líder regionalista pedía un trato de favor hacia las zonas rurales, con un incremento de 1.000 euros más en núcleos de menos de 2.000 habitantes con riesgo de despoblación. En cualquier caso, otras localidades han desarrollado a título propio medidas similares se han tomado en otras localidades.

Críticas por el electoralismo de la medida

El diputado popular Miguel Barrachina se refirió a las palabras del Gobierno sobre que la ley "pone a España en la cabeza de Europa", asegurando que esto es así porque es la primera vez se hace una reforma fiscal que responde "al calendario electoral y no al fiscal".

Además, añadió que la ley "nace electoralmente viciada, con una entrega masiva de talones en las próximas Navidades a modo de compra de votos a dos meses de que los españoles puedan ejercer libre y democráticamente su derecho al voto".

En una línea similar se manifestó la diputada de Izquierda Unida Carme García, que dijo haber apoyado la medida porque se incluye la universalización de las guarderías propuesta por su grupo, pero que la medida en sí "no es una política de izquierdas" porque "se trata a todos por igual, sin diferenciar las circunstancias económicas de cada familia".