El Ayuntamiento de Barcelona ha movido ficha contra los desalojos extrajudiciales llevados a cabo por empresas que se publicitan como mediadoras, pero que en realidad utilizan la "coacción física y psicológica".

El teniente de alcaldía de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, Jaume Asens, ha explicado este miércoles que el gobierno municipal de Ada Colau, tras constatar que las intervenciones de estas compañías han proliferado en el último año, ha trasladado a la Fiscalía por primera vez algunas de sus actuaciones. Son un total de cuatro, que el consistorio ha documentado en 2016 con imágenes, atestados policiales, testigos, informes de trabajadores públicos que han presenciado los hechos y dosieres de prensa.

Asens ha apuntado que el Ayuntamiento ha recopilado información de un total de siete desalojos extrajudiciales y ha justificado el hecho de que solo se hayan llevado cuatro a la Fiscalía porque se trata de los que presentan "indicios más claros de que pueden suponer delitos penales".

También ha dicho que el ejecutivo municipal no descarta personarse como acusación popular si la Fiscalía actúa. "El problema es que esta, frente a estos casos, muchas veces tiene una actitud muy pasiva", ha lamentado.

Ha afirmado, asimismo, que les consta que se producen muchos más desahucios sin orden judicial de los que tienen documentados, porque están recibiendo "muchas denuncias" ciudadanas, que el consistorio tiene previsto contabilizar con el objetivo de luchar contra este fenómeno.

Con esta misma intención, ha contado, el gobierno municipal creará una unidad específica de la Guàrdia Urbana especializada en desalojos extrajudiciales. Inicialmente y como prueba piloto, esta actuará en Ciutat Vella, uno de los distritos más afectados junto a Sants-Montjuïc, y estará formada por dos agentes que recibirán formación sobre la materia, dada la dificultad para "detectar lo que es legal y lo que es ilegal en estos casos".

Otra de las medidas del consistorio contra este tipo de desalojos ha sido solicitar a la Fiscalia Superior de Catalunya un convenio entre esta y el Ajuntament de Barcelona que permita que exista un fiscal especializado en delitos de coacción inmobiliaria. Esta figura ya existió entre 2008 y 2010, durante el mandato del exalcalde Jordi Hereu, pero en el mandato anterior al de Colau, el de Xavier Trias, no se renovó el acuerdo para que permaneciera.

El convenio que ha reclamado el actual gobierno municipal también permitiría poner en marcha una comisión de seguimiento formada por el consistorio y la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Frente a los desalojos extrajudiciales, por otro lado, el Ayuntamiento ha creado un protocolo de actuación. Este se pondrá en marcha cuando se tenga la sospecha de que una empresa está incurriendo en un delito al echar de un piso a ocupantes sin una orden de un juez. Para confirmarlo, se enviará al lugar de los hechos a un técnico de distrito, que en caso de que sea necesario denunciará lo sucedido a los Mossos d'Esquadra o la Guàrdia Urbana.

El protocolo también contempla que si hay personas desalojadas se activen los servicios sociales y de vivienda del consistorio, para que valoren si hace falta ofrecerles un realojo de emergencia.

Sobre los cuatro desalojos extrajudiciales que el Ajuntament ha llevado a la Fiscalía, Asens ha detallado que uno se produjo en abril, en la casa okupada del número 20 de la calle Josep Torres de Gràcia, conocida como Can Dimoni. Los ocupantes, ha explicado el teniente de alcaldía, se vieron coaccionados por personas –algunas de nacionalidad rusa– que les amenazaron.

!Vosotros lo habéis querido. Cualquier día entro y os rompo las piernas", explicaron las personas desalojadas que les dijo un trabajador enviado por la empresa Desokupa. Ante este caso el Observatori de Drets Econòmics, Socials y Culturals (Desc) presentó una querella contra la compañía.

Otro de los casos que el consistorio ha llevado a la Fiscalía tuvo lugar en la calle de la Cera del Raval a finales de agosto, cuando cinco guardias privados intentaron echar a una familia de filipinos. Los vecinos lo impidieron.

Los desalojos extrajudiciales son, ha apuntado Asens, "una nueva forma de mobbing inmobiliario".

Las empresas que se dedican a ellos, ha explicado el teniente de alcaldía, utilizan estrategias como cortar el agua o la luz a los ocupantes, intimidarles verbalmente, vigilar los accesos a los pisos o tirar al suelo las puertas.