El Parlament ha aprobado la ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial, conocida popularmente como la 'ley de emergencia habitacional', que sustituye los instrumentos que habían sido recurridos en el texto de la ley 24/2015. Su objetivo es evitar los desahucios y establecer un mecanismo de realojo en los casos en que este ya se haya producido.

La nueva ley prevé la expropiación del uso temporal de los pisos a los bancos, medida que sustituye a la cesión temporal obligatoria de las viviendas incluida en la norma suspendida por el Constitucional.

Así, en el caso de los desahucios, la ley contempla que los bancos tengan la obligación de realojar las personas en riesgo de exclusión social por pérdida de vivienda y fija un sistema transitorio para que, por un período de tres años ampliables a otros tres, las entidades financieras ofrezcan un alquiler social a las familias vulnerables que estén a punto de ser desahuciadas.

En esta medida, y para evitar que la nueva ley sea recurrida ante el Constitucional, el texto actual no contempla, como sí hacía el anterior, la obligación a los bancos de ofrecer un alquiler social de forma indefinida, que ha sido reducido a tres años.

Además, la ley aprobada en la cámara catalana abre la puerta a la regulación de los alquileres abusivos en el plazo máximo de nueve meses ya que, a propuesta de Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP, se ha incluido una disposición final en el articulado del texto.

La norma incluye también como instrumento para luchar contra la emergencia habitacional el papel de mediador de las administraciones en la paralización de los desahucios de familias en situación de pobreza o de exclusión social.

Otra de las novedades es la creación de la Comisión de Vivienda y Asistencia para Situaciones de Emergencia con el objetivo de coordinar la actuación de las diferentes administraciones en esta materia.

La ley, que el Govern asegura que esta vez está blindada jurídicamente y no podrá ser impugnada, se ha votado por artículos y no en su conjunto ya que, pese a tener la unanimidad en la mayoría, PP, C's y la CUP han mostrado su discrepancia en algunos puntos.

La oposición insiste en la necesidad de crear un parque de vivienda social suficiente, así como de hacer frente al fenómeno de los alquileres abusivos. También ha reclamado al Govern que incluya en los Presupuestos de la Generalitat partidas para la aplicación de la norma.

La norma se ha tramitado de forma exprés -en menos de seis meses- y se elaboró expresamente para sortear la suspensión que dictó el Tribunal Constitucional (TC) contra una parte de la ley catalana 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

El portavoz de la PAH y del grupo promotor de la ILP por la ley de vivienda, Carlos Macías, considera que la nueva norma que ha aprobado este jueves el Parlamento para esquivar la suspensión del TC queda "lejos" de los objetivos que se fijaban en la 24/2015.

En primer lugar porque considera que "se renuncia al cambio de paradigma" que establecía la ley con artículos suspensos: "responsabilizar quién hace negocio con un bien de interés general" como la vivienda.

Además, ha lamentado que a diferencia de la 24/2015, la segunda oportunidad para las familias queda ahora en manos de "la buena voluntad de la banca, que no existe", y se ha quejado que los mecanismos para ampliar el parque público de alquiler social y para obligar el realojo "dejan fuera la inmensa mayoría de las familias en riesgo de exclusión residencial".

Por todo ello ve "imposible" abordar la emergencia habitacional con la nueva ley y con la inversión que prevén los presupuestos.

La segunda teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz, ha calificado la aprobación de la ley de vivienda como un “paso adelante” para poder volver a implementar medidas suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC). Pero Ortiz ha lamentado que algunas de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento no hayan sido acogidas. Entre ellas, ha destacado que la ley aplaza para más adelante la regulación del alquiler abusivo y se limita a reconocer este concepto.

Además, Ortiz considera insuficiente el presupuesto de la ley de 14 millones de euros para expropiar el uso de viviendas, la mitad del cual lo asumen los ayuntamientos. Y también ha lamentado que no se coresponsabilize más los grandes tenedores con su parque de viviendas cuando hay personas vulnerables.

“Si queremos hacer frente a la exclusión residencial necesitamos que se regulen los alquileres abusivos y especialmente hacer coresponsables a grandes tenedores que no especulen con estas viviendas”, ha añadido para después reconocer que la ley aprobada da un paso adelante porque, por primera vez, se reconoce el concepto de alquiler abusivo, a pesar de que se deja la regulación por más adelante.

Finalmente, ha considerado que la partida presupuestaria de la ley se queda corta, “muy lejos de la problemática de la vivienda”. Y ha señalado que desde Barcelona se asumirá más del 50% del presupuesto que la ley marca para los ayuntamientos. “Hace falta una partida abierta para las ayudas al alquiler y para garantizar realojos”, ha concluido.