En una nota de prensa, la Guardia Civil ha explicado que los imputados "incluían anuncios en diversas páginas Web, en los que haciéndose pasar por una auténtica empresa de desguaces, ofertaban sus servicios para la adquisición de vehículos y su posterior tratamiento para la baja de los mismos.

Tras las primeras conversaciones telefónicas con los clientes, los autores de los hechos "se hacían cargo de la recogida de los vehículos adquiridos, sin llegar nunca a abonar la cuantía pactada y enajenándolos posteriormente de manera ilícita, los vendían

(falsificando la firma del auténtico propietario), a terceros los que presuponían que habían realizado una compra totalmente legal".

"Las primeras investigaciones realizadas por la Guardia Civil de Pravia, comenzaron a raíz de una denuncia presentada por los propietarios de dos vehículos enajenados a los supuestos autores y que fueron entregados en el domicilio de sus titulares, situado en la localidad Praviana de Los Cabos (Asturias), y que nunca recibieron el pago de los mismos, ya que habían pactado que éste se realizaría una vez se formalizara la baja de los turismos, siéndole imposible contactar posteriormente con el supuesto desguace", ha añadido la nota.

Meses después," uno de los denunciantes recibió una notificación de la Dirección General de Tráfico, donde se le comunicaba una supuesta sanción por exceso de velocidad, cometida con el vehículo supuestamente desguazado", ha explicado.

Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil de Pravia, dieron como resultado la identificación de tres personas, con relación familiar entre ellas y afincadas en Figareo (Asturias), que llevaban anunciando sus servicios como desguace a través de páginas Web, desde el año 2010, pudiendo verificar además que ninguno de ellos tenía vinculación a ningún tipo de empresa legal que hiciera funciones de tratamiento de vehículos para su baja.

Seguidamente de las gestiones practicadas por la Guardia Civil, fue posible la localización de los actualmente titulares de sendos vehículos, los cuales habían adquirido los mismos de buena fe, pensando que éstos tenían un origen totalmente lícito, ya que constaba, en la documentación necesaria para el cambio de titularidad, las firmas de los anteriores propietarios, según ha explicado la Guardia Civil.