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El PP denunciará el nuevo decreto lingüístico si Marzà no lo retira ni tiene en cuenta las alegaciones presentadas

Beatriz Gascó (PP) en rueda de prensa
Beatriz Gascó (PP) en rueda de prensa (PP)
  • La portavoz de Educación del grupo parlamentario popular en las Corts, Beatriz Gascó, ha anunciado que su grupo denunciará ante los tribunales el nuevo decreto lingüístico que "pretende imponer" el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, "si no se retira o si, en caso contrario, no se tienen en cuenta las alegaciones presentadas".

Gascó ha subrayado que este decreto supone, en primer lugar, "una clara injerencia en el libre ejercicio del derecho de las familias a elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos". En segundo lugar, ha añadido, "discrimina gravemente a las zonas castellano-parlantes y a los valencianos que escojan el castellano como lengua vehicular" y, en tercer lugar, "significa un verdadero chantaje a las familias a las que se sólo se ofrece inglés a cambio de estudiar el máximo valenciano posible", según ha informado el PP en un comunicado.

Beatriz Gascó ha indicado que "estamos ante un decreto que afecta a las familias y a la comunidad educativa pero solo da un plazo de siete días para presentar y no de manera telemática". A su juicio, "Marzà tiene pocas ganas de consenso y nula voluntad de atender las alegaciones".

"El decreto se salta la Constitución y el Estatuto de Autonomía al no garantizar el uso de las dos lenguas oficiales", ha dicho Gascó, quien ha manifestado que "no puede ser que para defender el valenciano se discrimine a las personas". En esta línea, ha hecho hincapié en que "el valenciano no puede ser la única lengua de la comunidad educativa".

Además, ha señalado que el texto "tiene numerosas restricciones y lagunas, cayendo en ilegalidades y generando indefensión en las familias". Para la responsable 'popular', "Marzà impone el valenciano por encima de la libertad de la persona, siguiendo los mismos pasos que en Cataluña. No estamos de acuerdo en copiar un modelo lingüístico que genera enfrentamientos".

Beatriz Gascó ha explicado que "el proyecto de Marzà va más allá de la regulación estrictamente educativa. No se puede imponer una forma de pensamiento sobre el modo de usar las lenguas. No se trata de una discriminación positiva del valenciano sino negativa por sus efectos secundarios".

"Se dice en el decreto que la educación lingüística no se puede limitar a dotar al alumnado de instrumentos de acceso al conocimiento. Tiene que constituir un modelo de educación vinculado al entorno sociocultural y sociolingüístico", ha resaltado, y ha añadido que "se intenta regular más allá de las aulas, desde una normativa que debería abordar solamente cuestiones propias del sistema educativo".

A su juicio, Marzà "quiere convertir la lengua en un instrumento donde se afiance una determinada forma de pensamiento y una determinada forma de entender y vivir la lengua".

Beatriz Gascó ha señalado que "este decreto supone una discriminación negativa hacia los alumnos que actualmente cursan la línea en castellano. Así, ha dicho que los centros que prioricen el castellano "no podrán dar el máximo de tres asignaturas en lengua extranjera y consideramos que las lenguas cooficiales se pueden potenciar sin necesidad de penalizar una tercera".

La portavoz 'popular' ha manifestado que con este decreto "se introducen seis niveles de competencia en lenguas que van del Básico a quien escoja castellano y Avanzado para el valenciano. Solo la nomenclatura refleja el objetivo".

También ha señalado que "los centros educativos situados en zonas donde mayoritariamente se hable en castellano están discriminados frente a las zonas donde predomine el valenciano". "La semántica es fundamental y es lamentable que desde la administración se considere que son básicos los alumnos que estudien en castellano y avanzados los que estudien valenciano", ha resaltado.

"CHANTAJE A LAS FAMILIAS"

Gascó ha indicado que "este decreto supone un auténtico chantaje a las familias". En esta línea, ha destacado que "es absolutamente discriminatorio que aquellos padres y madres que, con total libertad quieran que sus hijos aprendan más inglés, necesariamente tengan que tener más valenciano".

De esta forma, ha indicado que quien termine el Bachillerato con un nivel Avanzado, es decir, inglés y valenciano, obtendrán la acreditación del B1 de inglés y el C1 de valenciano sin tener que someterse a un examen interno. Sin embargo, "no ocurrirá lo mismo con aquellos alumnos, que hayan escogido el nivel básico".

Para la diputada del PP, "el escenario propuesto constituye una macabra y consciente utilización de una lengua, como el inglés, para lograr objetivos ideológicos y de predominio lingüístico del valenciano allá donde no lo sea".

MÁS GASTO

La portavoz popular ha manifestado que el decreto "no deja libertad a los centros, sino que establece un sistema de elección condicionado y chantajista". También ha criticado que la aplicación del decreto supondrá más gasto para las familias al tener que renovar los libros de texto.

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