Ciudadanos quiere un nuevo modelo de financiación en el que se establezca un "único fondo" con el objetivo de asegurar la misma financiación por habitante en todas las comunidades autónomas. La propuesta, que será la misma que la formación naranja llevará en todas las comunidades, la ha planteado hoy el diputado Miguel Ángel López Morell en la comisión especial de financiación autonómica.

En la reunión el resto de los grupos también han aportado su particular visión sobre cómo debería ser el nuevo modelo financiero mostrando coincidencias en aspectos como establecer diálogos multilaterales, suprimir el 'status quo', armonizar los tributos o establecer principios de sostenibilidad financiera.

Por partes, la propuesta de Ciudadanos pasa por establecer un nuevo modelo de financiación en el que se supriman los fondos actuales y a cambio se establezca un único Fondo de Financiación, al que se dotaría con el 100% de los recursos tributarios de las Comunidades Autónomas. Opinan que así, se conseguiría una "nivelación" de fondos entre comunidades. "La igualdad por unidad de necesidad o habitante para que los ciudadanos puedan acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos que gestionan las autonomías", ha explicado Miguel Ángel López Morell.

Además de eso, la formación naranja plantea introducir modificaciones en el cálculo de las necesidades de gasto. A su juicio se podrían establecer

ponderaciones que tengan en cuenta el peso que tienen en cada región las competencias que tienen asignadas, así como modificar los criterios de necesidades de gasto educativo universitario y no universitario y establecer indicadores de población mayor de 64 años, población en riesgo de pobreza o exclusión social ,además de "correcciones" por los niveles regionales de precios y de renta y los flujos migratorios.

En cuanto al Grupo Parlamentario Popular, su diputado Domingo Segado ha explicado que su partido lo que busca es que la negociación del sistema e financiación se acuerde en una negociación "multilateral" en la que participen "todas" las Comunidades con el Gobierno nacional. Plantean también que el nuevo modelo sea "más sencillo y transparente", ya que apuntan al informe del Consejo Económico y Social (CES) en el que se hacía referencia a que el fondo de suficiencia general "era el causante de la inequidad del sistema".

Los populares subrayan que quieren que el sistema sea "más sencillo y transparente" y piden la desaparición del 'status quo'. En este punto, Segado ha advertido que para que se alcance una equidad, las comunidades que ahora reciben más "tendrán que recibir menos". Instan a que se actualice la población anualmente, a que se "garantice" la sostenibilidad financiera de las Comunidades y recuerdan que el acuerdo debe llegar "cuanto antes".

Por parte de Podemos, plantean que haya una "corresponsabilidad fiscal entre comunidades autónomas". El diputado Antonio Urbina ha detallado que lo que no puede suceder es que haya "una carrera para ver quién es el que consigue antes ser un paraíso fiscal. Hay comunidades que están rebajando impuestos y esa pérdida de ingresos, como es el caso de Murcia, acaban provocando recortes en los servicios públicos. No podemos caminar hacia ese modelo".

Además de eso, señala que el nuevo modelo de financiación debe contener "mecanismo dinámicos de corrección de las desigualdades", ha dicho recordando que la Región de Murcia, ha dejado de percibir del Estado entre 150 y 200 millones anuales.

Por último, el socialista Ángel Rafael Martínez ha apostado por un sistema de financiación "más sencillo y solidario" en el que las

comunidades más ricas pongan dinero al sistema mientras que las más pobres lo reciban. "Consideramos que el actual sistema de reparto de la recaudación fiscal ya establece un criterio razonable en este sentido. No obstante, estamos abiertos a reconsiderarlo".

Bajo su punto de vista, los criterios de ese modelo de financiación autonómica tienen que estar basados en el total de población, incluida la población inmigrante, en el peso de la población joven, por el tema de la educación, en el peso de la población mayor, por el tema de sanidad, y en el peso de la población dependiente para poder aplicar la ley de dependencia.