En concreto, a lo largo del primer semestre de 2016 el número de familias a las que se evitó la interrupción del servicio fue de 125, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Familia.
Estos convenios se enmarcan en las actuaciones y prestaciones que se llevan a cabo mediante la Red de Protección a las Personas y a las Familias -puesta en marcha por la Junta de Castilla y León en 2013-, la cual cuenta con 23 programas y está compuesta por 300 agentes.
Precisamente en el marco de las actuaciones contempladas para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, la Red cuenta con las ayudas económicas para atender necesidades de urgencia social, que también contemplan el pago de los suministros energéticos.
En el primer semestre de 2016 se concedieron ayudas de urgencia social (que incluyen el pago de suministros) a 4.750 personas, lo que supone un incremento del 40 por ciento respecto al primer semestre de 2015.
A la Red de Protección se puede acceder mediante los centros de acción social que corresponda a cada ciudadano, que son los que se encargan de valorar las necesidades de las personas que lo necesitan, informan y orientan además de tramitar la prestación más adecuada. Además, se puede obtener información al respecto en el teléfono 012 de atención al ciudadano de la Junta de Castilla y León.
La Red organiza sus recursos en función de cuatro tipos de necesidad como son acogida, orientación, coordinación y seguimiento; de garantía de necesidades básicas; para la mejora de las relaciones personales y familiares; de apoyo para la inserción laboral.
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