El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Collboni ha abogado este miércoles por que los vigilantes de zona verde y azul de aparcamiento sean considerados agentes de la autoridad para reducir las agresiones, para lo que han encargado un informe a los servicios jurídicos municipales para que estudien si puede llevarse a cabo con una normativa del Ayuntamiento o si requiere un cambio legislativo del Parlament o del Congreso.

Ha explicado en la comisión de Presidencia a petición del PP que hasta octubre se han registrado 16 agresiones este año --dos más que en 2015--, cuatro de las cuales han acabado en denuncia, y el director general de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) ha añadido que se producen unos 113 incidentes de media al año con estos trabajadores.

Collboni han explicado que, para prevenir estas agresiones, también han reforzado los protocolos, han intensificado las patrullas en pareja y han promovido los cambios de zona de los vigilantes que han tenido incidentes, mientras que Armengol ha destacado que su consideración como agentes de la autoridad les dotaría de "especial protección y haría que el número de incidentes pudiera descender".

Maria Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona, ya alertó con un comunicado de la necesidad de que los vigilantes del área verde y azul de aparcamiento fueran considerados agentes de la autoridad para evitar agresiones. Vilà opinaba que, por analogía con otros colectivos profesionales, como algunos de seguridad privada o el personal interventor de Transports Metropolitans (TMB), el cuerpo tendría que ser titular de la protección penal especial en el ejercicio de sus funciones públicas.

La Síndica solicitaba al Ayuntamiento la elaboración de un informe jurídico para valorar esta posibilidad y la de incorporar este reconocimiento como agentes de la autoridad a la Carta Municipal.

La CUP ha preguntado al Gobierno municipal por la investigación de una supuesta agresión de un agente de la Guardia Urbana a un hombre la madrugada del 1 de noviembre ante la comisaría de la calle Nàpols, a la que acudió para alertar de que había sido robado y en la que los agentes le comunicaron que debía denunciarlo ante los Mossos, tras lo que empezó una discusión después de la que presentaron denuncia tanto el hombre como uno de los agentes por un empujón.

El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, ha explicado que la Guardia Urbana abrió una investigación, pero que la presentación de las denuncias paralizó la actuación administrativa para dejar paso a la judicial --ha dicho que las versiones son contradictorias y que deberá decidir la autoridad judicial--, aunque ha resaltado: "Se mantienen activas tanto la vía penal como la administrativa, pero no se ha tomado ninguna medida cautelar, algo que puede cambiar su surgen elementos que lo aconsejen".

La comisión ha descartado una propuesta del PP para expresar su rechazo a la colocación de una bandera 'estelada' en el Ayuntamiento durante la protesta por la detención de la alcaldesa de Berga, Montse Venturós (CUP), por no haber acudido a declarar por no haber descolgado la misma bandera, algo que la comisión ha rechazado con los votos en contra de BComú, CiU, ERC y la CUP y el apoyo del PP, C's y el PSC, en el Gobierno municipal desde julio.

El teniente de alcalde Gerardo Pisarello ha rechazado un ruego de la edil popular Àngels Esteller para celebrar el día de la Constitución con una agenda de actos, simbología y protocolo similares a los de otras fechas, ante lo que Pisarello se ha definido como constitucionalista, pero ha avisado: "Cuando una constitución es un instrumento para garantizar derechos se debe celebrar, pero cuando por culpa de los poderes deja de serlo, hacen falta cambios constituyentes".

Preguntado por el concejal de la CUP Josep Garganté por si el Ayuntamiento abrirá sus puertas el 6 de diciembre por el Día de la Constitución, Pisarello ha insistido en que "es un tema que no se ha planteado", aunque ha recordado que los cargos electos pueden trabajar como en cualquier ocasión.

La comisión también ha aprobado una proposición de CiU para crear una unidad de la Guardia Urbana especializada en la protección de los derechos de los animales, con los votos a favor de todos los grupos excepto de C's, que se ha abstenido.

Los votos a favor de CiU, C's y PP; la abstención del Gobierno municipal y de ERC, y el rechazo de la CUP han aprobado una propuesta de C's para que el ejecutivo de Colau proceda a dar órdenes precisas a la Guardia Urbana y a los agentes cívicos para garantizar una "solución policial adecuada al problema de la venta ambulante irregular".

También ha prosperado una propuesta de ERC para elaborar un plan municipal de Derechos Humanos que incluya un proceso participativo que permita que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de este ámbito, algo que ha contado con el apoyo de todos los grupos, excepto la abstención de BComú.