La decisión del TSCyL tiene su origen en las diligencias incoadas a la que fuera portavoz del Ejecutivo regional y consejera de Empleo a raíz del atestado de la Guardia Civil por delito contra la seguridad vial supuestamente cometido el día 9 de septiembre tras superar la tasa de alcoholemia en un test al que fue sometida cuando circulaba a la altura de la localidad zamorana de Morales de Toro, después de que previamente hubiera protagonizado un incidente en la A-6, en la provincia de Ávila, que obligó al conductor de un camión a rectificar su trayectoria para evitar volcar.

Aunque incoaron diligencias el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arévalo (Ávila) y su homólogo de Toro (Zamora) los días 14 y 15 de septiembre, respectivamente, el primero de ellos acordó inhibierse en el segundo y este último, el 13 de octubre, hizo lo propio en favor del TSJCyL en atención a su competencia debido a que la implicada es procuradora en las Cortes y cuenta con aforamiento.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.3 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el 22.2 del Estatuto de Autonomía, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a través del auto correspondiente, se ha declarado competente para conocer de los hechos cuyo ponente será el magistrado Antonio César Balmori Heredero, según informaron a Europa Press fuentes del TSJCyL.

En su mismo auto, contra el que cabe recurso de súplica en el pazo de diez días, la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal castellanoleonés ha designado como instructor al magistrado Ignacio María de las Rivas Aramburu, quien determinará el procedimiento a seguir.