La fecha límite es (o era) el 31 de diciembre de 2016. Antes de ese día las comunidades de vecinos debían tener instalados los "repartidores de costes" en las calefacciones centrales, como obliga la normativa europea. Sin embargo, la medida no se ha podido implantar. Lo recuerda la presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), Manuela Julia Martínez Torres, quien responsabiliza de este parón al bloqueo político, a la falta –hasta este jueves– de un nuevo Gobierno.

Los repartidores son un sistema que permite el control de consumo de forma individualizada y, de ese modo, el reparto equitativo del gasto. "Pagar por lo que cada uno consuma va a favorecer a los ciudadanos preocupados por la eficiencia energética", asegura Martínez. Entre un 10 y un 15% de las comunidades de vecinos ya han aplicado esta medida de "forma voluntaria".

Sin embargo, la presidenta del CAFMadrid remarca que no habrá "ningún régimen sancionador" a los edificios que todavía no hayan realizado el cambio, porque "todavía no es obligatorio" e insiste en que espera que, tras la formación de gobierno, se "regule la situación".

Martínez apunta que los administradores de fincas son la "voz del ciudadano" y que transmiten “información de gran interés" de la administración directamente a las comunidades de vecinos. "Nos encargamos de gestionar el patrimonio y garantizar la defensa de los ciudadanos", asegura la presidenta de este colegio profesional.

Respecto a su relación con las instituciones públicas, asegura que no dicen "amén a todo", sino que se posicionan a favor de los ciudadanos y "hacen ver" a las instituciones qué es mejor para la convivencia de los vecinos. Este año de paralización política por la falta de gobierno, según Martínez, ha supuesto una "dejadez" en las leyes y las ayudas que se han implantando han sido "resquicios" de los gobiernos anteriores.