En una comparecencia de más de dos horas solicitada por el grupo municipal de Izquierda Unida, el alcalde ha facilitado a los grupos municipales granadinos, reunidos este viernes en pleno, la documentación sobre la orden de la Junta conforme a la que se realizaban los procesos "administrativos" del programa de Economía Social que el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha ordenado investigar por posibles delitos de usurpación de funciones publicas, prevaricación y malversación.

Cuenca ha resaltado que "diversas denuncias de idéntico contenido" se han archivado en provincias como "Sevilla, Córdoba, Jaén e incluso en la fiscalía de Córdoba y Granada", a la par que ha subrayado que no tiene "vinculación" a la causa abierta y archivada por el mismo juzgado en relación a la Formación Profesional en Andalucía, ni con lo examinado por la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía.

"No hay nada que esconder", ha indicado Cuenca, que se ha preguntado si "hay voluntad de enturbiar la gestión de esta ciudad" y ha abierto turno de palabra a los grupos municipales incidiendo en que sus explicaciones están "a disposición de todos los granadinos" con la idea de "recuperar" su "confianza".

Cuenca, que ha recordado que en 2011 comienza su labor como edil en el Ayuntamiento de Granada, ha restringido la labor que se investiga al seguimiento, control y verificación en los programas después de que un trabajador de la empresa consultora contratada, firmara en 2012 en Almería un documento "donde no corresponde", en el apartado de "inspección".

El exdelegado de Innovación de la Junta en Granada se ha remitido a la orden de la Junta de Andalucía de 29 de junio de 2009 para el apoyo a la innovación y el desarrollo de la economía social, en la que se establece el "reparto competencial" según el cual las delegaciones de la Consejería seguían las subvenciones para las actividades formativas desarrolladas desde la Dirección General de Economía Social hasta 2013.

"A través de consultoras especializadas" se realizaban "tareas accesorias" como la "cumplimentación de una serie de cuestionarios en los centros formativos", ha destacado el actual alcalde de Granada en referencia a esta función "concreta que la consultora tenía que realizar" dentro de su "ámbito competencial". "No realiza ningún tipo de inspección", ha subrayado Cuenca, que ha encuadrado en el ámbito "administrativo" la "investigación que va más allá de la suscripción del propio documento".

"Mi conducta como delegado ha sido de máximo respeto a la legalidad", ha señalado Cuenca incidiendo en que los contratos de la administración autonómica se ejecutan "siempre" con informes de intervención, secretaría general, y jefes de servicios "con arreglo al ordenamiento jurídico", y en todo ello fue "escrupuloso" por lo que su investigación judicial no ha de ser "objeto de alarma".

Cuenca, que ha indicado que habría solicitado esta comparecencia de no haberlo hecho Izquierda Unida, ha defendido la "transparencia" si bien ha lamentado que "desde que era, y he sido candidato en dos ocasiones al gobierno de esta ciudad, esta es la cuarta vez que tengo que estar dando explicaciones" por distintas causas que quedaron "en nada" siendo "víctima" de una "auténtica persecución" que afectó a su familia; "he aguantado barbaridades" y "sigo aquí convencido porque soy útil a mi ciudad", ha apostillado.

La investigación judicial, que Cuenca ha vuelto a desvincular de la corrupción política, fue abierta en 2013 sobre la adjudicación por parte de la Junta de contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social, pudiendo para el juez "haber usurpado de sus funciones públicas a los funcionarios que por ley tienen atribuidas estas labores".

Cuenca está citado a declarar el 12 de diciembre en unos hechos en los que están, asimismo, investigados quienes en ese momento ocupaban el cargo de delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación en Jaén, Málaga, y Cádiz, así como los jefes de servicio de Almería, Huelva y Córdoba.

La portavoz municipal del PP, Rocío Díaz, ha afeado al alcalde socialista que, conforme al auto del juez, pudo ser "cooperador necesario y un supuesto cómplice de una posible trama" de los cursos de formación que ha sido "el mayor escándalo de corrupción que ha tenido España"; "suena raro y me huele raro" que "siempre que hay una investigación a un cargo público del PSOE es por causas administrativas", ha añadido Díaz para indicar que Cuenca "no es un alcalde limpio" y acusarle de "victimismo" en su comparecencia.

Para el representante del grupo socialista, y del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, se ha congratulado de que "algo ha cambiado y ha cambiado para bien" con su partido al frente del Ayuntamiento en referencia a la comparecencia del alcalde, y ha recordado el "acoso y derribo al señor Cuenca y de paso al PSOE", desde 2011 y en 2015, "pocas semanas antes de las elecciones".

Por Ciudadanos, Luis Salvador, que está previsto deje su acta de concejal para centrarse en su actividad como diputado una vez se invista presidente del Gobierno, ha indicado que las explicaciones del alcalde no le eximen de "esa posibilidad de estar también dentro del marco de la corrupción política" pues "estamos hablando de Junta de Andalucía, control, y de cursos de formación"; en cuanto a la externalización del contrato que se investiga "la labor de fiscalización lo que se necesita es no ser amigo de quien se fiscaliza", ha indicado Salvador para subrayar que "no será Ciudadanos el que le pondrá o le quitará, será su propio devenir".

La representante de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, ha pedido conocer "qué criterios sigue el equipo de gobierno en la adjudicación de los contratos, además de los estrictamente legales", en concreto los menores, y ha asegurado que su grupo municipal "no va a mantener un alcalde imputado" ni tampoco la vuelta del PP; ha considerado la documentación entregada "insuficiente" y Cuenca se ha comprometido a adjuntarle la transcripción de su declaración judicial prevista para el 12 de diciembre, fecha en la cual Vamos Granada pedirá su dimisión si continúa investigado.

Para el edil de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, la clave es si el alcalde "está habilitado o no habilitado" para seguir en el cargo garantizando "la transparencia en este Ayuntamiento"; ha exigido que se aclaren los informes técnicos y jurídicos que acompañaron a la contratación de la empresa, y en "qué se fundamenta" la investigación por prevaricación y malversación a Cuenca.