La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) han presentado este miércoles una queja en el Defensor del Pueblo estatal ante la sanción recibida por una persona presa en la cárcel de Córdoba por haberse entrevistado con un periodista sevillano. Esta sanción, denuncian, "es una muestra de la vulneración del derecho a la libertad de expresión de las personas presas, al derecho a la información de la ciudadanía y una limitación evidente al ejercicio del periodismo".

Según señalan en un comunicado, la sanción, impuesta por Instituciones Penitenciarias (IIPP), consistió en la "privación durante un mes de paseos y actos recreativos comunes", toda vez que apunta que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria "ha anulado la sanción, estimando el recurso presentado por el abogado del interno, de la Apdha, pero sin entrar en el fondo de la cuestión".

Para ambas organizaciones, hechos como este demuestran que las personas presas "no tienen derecho a informar y los profesionales de la comunicación tampoco pueden recabar de ellos información, por el hecho de estar recluidos". "Muy al contrario -comentan- la Constitución Española señala que este derecho no podrá ser vulnerado por el hecho de estar privado de libertad".

Según informan ambas organizaciones, el escrito sancionador detalla que este debería haber hecho uso del procedimiento habilitado para concertar citas con periodistas (previsto en el artículo 49.5 del Reglamento Penitenciario) que, "en la práctica, no funciona", un hecho que "hasta fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias reconocen", plantean ambas organizaciones.

De hecho, añaden que el mismo preso "solicitó hace cerca de dos semanas por la vía reglamentaria comunicaciones con otro periodista y aún está a la espera de contestación", por lo que "resulta absurdo que la contestación habitual sea que las entrevistas no se conceden para proteger la intimidad de las personas presas, como si de menores o de personas incapacitadas se tratara", critican.

Además, señalan que el recurso afirma que "la igualdad entre ciudadanos no puede limitarse por el hecho de estar privado de libertad", y que para la administración penitenciaria "se trata de una falta grave por haber divulgado 'noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la buena marcha regimental del establecimiento'".

Por ello, la Apdha solicitará este jueves formalmente al subdelegado del Gobierno de Córdoba que las personas presas "puedan entrevistarse con periodistas y se respete de este modo el derecho a informar y a ser informados".