Fruto de las inspecciones periódicas del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Segovia para el control documental y sanitario de los animales de compañía, los agentes han detectado unos pasaportes sanitarios que podían haber sido falsificados, en una finca de Torrecaballeros (Segovia).

Tras la investigación se ha comprobado la presunta manipulación de los documentos, consistente en anotar en el apartado de 'tratamientos antiparasitarios' de las cartillas sanitarias la aplicación de un producto veterinario, algo que había firmado y sellado el propietario de los animales como si se tratase de un veterinario colegiado.

De este modo, se atribuye a un vecino de la ciudad de Segovia la presunta falsificación de ocho pasaportes de animales de compañía, en este caso perros, algunos de razas potencialmente peligrosas.

Las diligencias instruidas se han entregado en el Juzgado junto con los documentos sanitarios presuntamente falsificados que habían sido intervenidos, según han indicado desde la Subdelegación del Gobierno.

El Seprona se recuerda que el pasado 8 de julio entró en vigor la Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería AYG/610/2016, por la que se establecen las condiciones de identificación de los perros, gatos y hurones y se regulan las campañas de lucha antirrábica y desparasitación equinocócica en Castilla y León.

Esta normativa, establece que la desparasitación será obligatoria en los perros mayores de tres meses, debiendo administrarles un antihelmíntico autorizado con una periodicidad mínima de seis meses, siendo recomendable la desparasitación trimestral, mediante prescripción veterinaria, por parte de los propietarios. Este tratamiento deberá quedar reflejado en el pasaporte del animal.

SENTENCIA

Por otra parte, recientemente una persona ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Segovia, como autora de un delito de falsedad en documento oficial, a la pena de seis meses de prisión y seis meses de multa a razón de una cuota de seis euros diarios.

Esta sentencia tuvo su origen en las actuaciones del SEPRONA de la Comandancia de Segovia realizadas en 2011, por la venta de un cachorro cocker, con la entrega a su compradora de un pasaporte o cartilla sanitaria en donde la acusada había anotado los datos de vacunación y desparasitación cuya administración atribuyó a una veterinaria colegiada, mediante el uso de un sello aparentemente auténtico y a sabiendas de su falsedad, como han señalado las mismas fuentes.