Según indica el Colegio en una nota, el propósito de esta jornada es "revisar cómo ha sido la aplicación de la Ordenanza en estos tres primeros años y sus efectos, tanto los positivos como otros que, a la luz de la experiencia, está claro que hay que corregir, aportando el COAS la capacidad profesional de los arquitectos colegiados de Sevilla".

La jornada contará con varias ponencias de análisis, en las que intervendrán Alfonso Pinto, jefe del Servicio de Protección Medioambiental del Ayuntamiento de Sevilla, y Amparo Guerrero, jefa del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística.

Las sesiones finalizarán con una mesa redonda en la que también intervendrán, además de

Amparo Guerrero y Alfonso Pinto, la vocal de la Junta de Gobierno COAS Silvia Erice, la decana del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, Ana María Jáuregui Ramírez; el jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos del Ayuntamiento, Andrés Salazar Leo, y Eduardo Martínez Zúñiga, arquitecto, asesor técnico de Gaesco. Modera Ángel Díaz del Río, decano del Colegio de Sevilla.

La iniciativa de esta jornada lleva tiempo madurándose en la agenda del Colegio de Arquitectos, que ha seguido de cerca la implantación de esta normativa. Tres años después de su puesta en marcha, los arquitectos han constatado que "la unificación de las licencias de Obras y Actividades, si bien es un objetivo positivo, en la práctica ha desembocado en un bloqueo, porque las estructuras administrativas a su vez no se han unificado".

Consideran que, "en consecuencia el proceso no da los resultados esperados, con lo que se causa graves perjuicios a los profesionales y empresas, y por ello, el COAS estima que la unificación de los procedimientos debe completarse con la integración también de las estructuras administrativas".

En 2012 se aprobó la primera ordenanza que, aplicando la nueva legislación, sustituyó el procedimiento de control previo de licencias y autorizaciones por la presentación de una declaración responsable de cumplimiento de la legalidad, que permite iniciar una actividad sin esperar resolución expresa.

Ha apuntado que este mecanismo de control más flexible, ideado como forma de permitir un mayor dinamismo económico y eliminar trabas injustificadas, "dio buenos resultados en cuanto que ha permitido la puesta en marcha de numerosas actividades de una forma más ágil que con la anterior normativa, pero en 2013 el Ayuntamiento constató que estos objetivos se veían dificultados por la duplicidad entre obras y actividad, por lo que reformó la ordenanza para unificar en un solo procedimiento la tramitación de ambas autorizaciones, integrando la regulación urbanística y la medioambiental, de modo que en principio se simplificaban los procedimientos".

Lamenta que, "sin embargo, cuando es preciso obtener de manera conjunta las autorizaciones de obras y las necesarias para la implantación de una actividad, todo el proceso puede quedar bloqueado al no cumplirse unos plazos razonables para la emisión de las resoluciones administrativas, provocando la dilación injustificada de la ejecución e implantación de la actividad económica".

De este modo, "tanto los promotores que toman la iniciativa de abrir un negocio o empresa, como los profesionales arquitectos y los constructores que deben dirigir y ejecutar las obras, se ven imposibilitados para empezar sus trabajos por no poder obtener esas autorizaciones de carácter medioambiental, que distintos de las obras y podrían tramitarse después si no fuera porque la ordenanza de 2013 liga ambos permisos de forma inseparable".

Esta situación está causando "graves perjuicios a los profesionales, generando entre los arquitectos numerosas quejas y observaciones que han sido recogidas por el COAS". Lamenta que estos profesionales "se ven atrapados entre los intereses y necesidades de sus clientes y las trabas burocráticas que bloquean los proyectos". Además, el Colegio de Arquitectos tiene constancia de que "otros profesionales y agentes del sector comparten estas quejas".

ENCUESTA

Para conocer con detalle la situación, el Colegio de Arquitectos realizó una encuesta entre sus colegiados, que se entregó a finales de 2014 al anterior Gobierno municipal y posteriormente se ha entregado también al que inició su mandato tras las elecciones de 2015.

En esa encuesta el 71,51 por ciento de los arquitectos dice por experiencia que no se cumplen los plazos, mientras el 67 por ciento opina que no es ágil el acceso para aclarar los procedimientos, y el 65 por ciento cree que en realidad ambos procesos, obras y calificación ambiental, no están integrados.

En el mismo sentido, sólo un 9,68 por ciento cree que se han eliminado las duplicidades, mientras el 25,84 por ciento dice que no, y el 43,01 por ciento que sólo algunas.