El Juzgado de Instrucción número 2 de Cieza ha acordado la apertura de juicio oral contra estas personas, según el auto del 29 de septiembre al que ha tenido acceso Europa Press.

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito contra el medio ambiente, por el que procede imponer a cada uno de ellos la pena de cuatro años y medio de cárcel, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad relacionada con vertederos o vertidos durante cuatro años y una multa de 30 meses con una cuota diaria de 10 euros.

Igualmente, el fiscal solicita que se acuerde la clausura definitiva del vertedero y los procesados deberán indemnizar a la Comunidad en 282.000 euros por los daños causados a la zona, además de que deberán asumir los gastos de restauración ambiental.

Ecologistas en Acción, que ejerce también como acusación particular, se ha felicitado por "la apertura, al fin y tras siete años de instrucción, de juicio oral".

En su auto, la titular del Juzgado 2 de Cieza acuerda la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados, el Ayuntamiento de Blanca y la mercantil 'Los Marujos S.L.' "como responsables civiles subsidiarios por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente".

El vertedero ilegal por el que ahora serán juzgado Laorden, dos de sus concejales, y el empresario que lo gestionaba, está situado en el Monte Municipal Consorciado 41, denominado La Navela y El Solán, en el municipio de Blanca.

Propiedad del Ayuntamiento de Blanca, "los terrenos sobre los que se ha estado vertiendo de forma ilegal e incontrolada residuos de todo tipo durante años están dentro de la ZEPA (Zona Especial de Protección para las Aves) de la Sierra de Ricote-La Navela, y a escasos 100 metros del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de la Sierra de Ricote-La Navela".

Ecologistas en Acción recuerda que presentó su primera denuncia por la actividad de este vertedero ilegal en julio de 2006, pero a la asociación le consta que ya antes, al menos desde 2003, había denuncias del Seprona.

Desde entonces, la organización ecologista ha denunciado de forma reiterada que la actividad del vertedero "tenía lugar con el consentimiento y el apoyo del propio Ayuntamiento de Blanca, propietario de los terrenos que, además, conocía sobradamente la situación de ilegalidad del mismo.

La organización desvela que a lo largo del tiempo "las denuncias derivaban en sanciones económicas por parte de la Comunidad y resoluciones de cierre del vertedero, que los responsables del consistorio desoían sistemáticamente". En este contexto, en julio de 2009 la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo abrió una investigación, y posteriormente el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cieza abrió las Diligencias Previas que ahora, siete años después, concluyen con la apertura de juicio oral contra los presuntos responsables.