El juez vallisoletano ha defendido la independencia del Tribunal Supremo y que pueda imponerse a la legislación ordinaria a la hora de generar leyes durante la celebración de plenos ya que esto supone una "retroalimentación" que completa lagunas del ordenamiento jurídico.

Esta postura fue criticada durante un debate iniciado al final de la ponencia por el magistrado de la Audiencia Provincial de Huelva Andrés Bodega, que argumentó que el Tribunal Supremo no tiene esa libertad y que está supeditado al Tribunal Constitucional.

Bodega se ha alarmado por el hecho de que "en una mañana 15 jueces en un pleno del Supremo puedan decidir reformar la jurisprudencia a puerta cerrada sin posibilidad de intervención ni de conocimiento del proceso" y por ello reclama una Ley Orgánica que limiten que los plenos del Tribunal Supremo y de algunas Audiencias creen jurisprudencia.

Para ejemplificar su denuncia, el juez Bodega ha resaltado el caso de la creación del delito de 'autoblanqueo de capitales' por parte del Tribunal Supremo, el cual estipula que se aplique inmediatamente a un delito como el tráfico de drogas o un delito de carácter fiscal, este nuevo delito que normalmente tiene mayor pena que el delito inicial y que defiende "situaciones irreales".

Y es que para Andrés Bodega, que el dinero obtenido ilícitamente constituya delito de blanqueo una vez que se ponga en marcha es una temeridad, ya que "nadie tiene dinero para guardarlo debajo de la cama" y el privar de que entre en el mercado y produzca riqueza es "antisocial".

Ante esta argumentación, Berdugo Gómez de la Torre ha recordado que en cualquier caso de 'autoblanqueo' se tiene que demostrar que existe esa acción deliberada de blanqueo de capitales y que no se enjuicia a nadie con este delito por el simple hecho de tener un alijo de droga del que puede no haber conseguido rédito económico.

Por otra parte, el magistrado del Tribunal Supremo ha manifestado su disconformidad con la resolución de Estrasburgo sobre la doctrina Parot ya que "nunca un proceso de revisión debe significar la absolución de la pena" como se daba en algunos casos. Además defendió que "no era políticamente correcto según la sociedad" bajar las penas de terrorismo a 30 años para que, tras las reducciones, en 20 años los terroristas salieran libremente a la calle.