El Gobierno español en funciones se ha comprometido a adelantar a julio el cierre de los presupuestos generales de Estado de 2016 como estrategia fiscal para controlar el gasto público, lo que implica que habrá que ejecutar la cuentas al pie de la letra sin incurrir en gastos extraordinarios.

Así consta en el documento de alegaciones enviado a Bruselas para evitar una multa por el incumplimiento de los objetivos de déficit, en el que se asegura que en cuanto se constituya el próximo Gobierno se aprobará un decreto ley con las medidas anunciadas este martes por el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.

Dichas medidas incluyen la subida de los anticipos que las grandes empresas pagan a cuenta del Impuesto de Sociedades, con una recaudación adicional estimada de 6.000 millones de euros, además de nuevos instrumentos para luchar contra el fraude fiscal, con un impacto previsto de otros 1.000 millones.

A ello se suman otros 1.500 millones que el Gobierno espera ahorrarse en el pago de los intereses de la deuda pública.

Según se explica en el documento de alegaciones, estas medidas adicionales muestran el compromiso "firme e inequívoco" de España para situar el déficit público por debajo del 3 % del PIB en 2017.

En opinión del Gobierno en funciones, sería "paradójico" que se impusiera a España una sanción por la desviación de un solo año, cuando el país ha estado siempre "plenamente comprometido con las normas de la Unión Económica y Monetaria", algo que considera aún más evidente "si se tienen en cuenta las inconsistencias metodológicas a la hora de evaluar la acción efectiva en el caso de España".

"España no es una amenaza para la estabilidad financiera de la zona del euro", dice el texto, que añade que la decisión de imponer una multa "no solo sería incoherente, sino también contraproducente", además de que supondría "un paso en la dirección contraria de lo que Europa necesita".