Los Mossos d'Esquadra han desarticulado una organización criminal de falsos revisores de gas que estafaba a personas mayores y operaban bajo la cobertura de empresas legalmente constituidas por testaferros, ha informado este lunes en rueda de prensa el subinspector Josep Antoni López, subjefe del Área de Investigación Criminal (AIC) de Barcelona.

López ha explicado que el grupo estaba liderado por dos personas del Líbano -padre e hijo- que actuaban desde 2012, se ha detenido a 13 personas de las 20 investigadas y en cinco años habían creado seis empresas: cerraban cuando detectaban que la policía les investigaba, cambiaban el domicilio y volvían a abrir.

En el momento de las detenciones, el hijo ya estaba en la cárcel por haber intentado matar a una persona con un vaso en una pelea ocurrida en una discoteca en Tenerife, donde fue a celebrar una despedida de soltero, y desde la cárcel le daba indicaciones a su padre para llevar el negocio.

El subinspector ha descrito la actitud de los detenidos como "depredadora" porque buscaban las víctimas más vulnerables, la mayoría con algún tipo de demencia o enfermedad: una de ellas, de 80 años y con Alzheimer, a la que estafaron hasta 41.000 euros.

"Llegaron a ir hasta 30 veces durante dos meses a casa de esta persona. Día sí, día no", ha dicho López, y ha añadido que le instalaban y desinstalaban detectores de humo y le realizaban reparaciones innecesarias cada vez que iban a su domicilio.

Los supuestos operarios de gas acudían a los pisos de las víctimas uniformados y acreditados, ofrecían servicios como revisión del gas o cambio de piezas -por los que cobraban entre 60 y 3.300 euros-, realizaban hurtos en algunos domicilios y en ocasiones les acompañaban al cajero automático para que retirase el dinero.

Los delincuentes obtuvieron un total de 588.000 euros a través de pagos con tarjeta y los Mossos calculan que nueve de cada diez pagos se realizaban en metálico: "La cifra puede ser descomunal", ha dicho López.

La operación se inició a finales del 2014 tras registrar denuncias entre los meses de abril y agosto del mismo año, y el número de víctimas es de ocho, aunque el subinspector ha asegurado que hay más: "Hay esta cifra negra de gente que no denunciará por la vergüenza de que los familiares le digan que ya les advirtieron", ha explicado.

Los detenidos, que operaban en toda Catalunya, suman 160 antecedentes entre todos los miembros de la organización y están acusados de delitos de pertenencia a organización criminal, estafas agravadas continuadas, estafas bancarias, coacciones y hurtos en el interior de domicilios.